En medio de anuncios de paro de dos entidades del transporte en demanda de la abrogación del Código del Sistema Penal, el Gobierno aseguró este viernes que hay consenso con “todos” los actores del sector, e indicó que hay pactos para la instalación de mesas con el fin de abordar la problemática y descarta que se efectivicen ese tipo de medidas de presión.
Primero fue el Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional e Internacional (Ceatpenal) que definió un paro desde este lunes 8 de enero en demanda de la abrogación, es decir la anulación total, del Código. Esta organización condicionó la cancelación de esa medida de presión a un encuentro con el presidente Evo Morales.
“Nosotros hemos sido bien claros, las bases han pedido no derogación, sino la abrogación (del Código), entonces, en las mesas de trabajo que podamos desarrollar con el señor Presidente podemos ver a qué nivel llegamos”, afirmó el representante de esa entidad, Édgar Tola.
En la víspera, el presidente Evo Morales anunció el pedido a la Asamblea Legislativa de la derogatoria de los artículos 205 y 137 de la cuestionada ley para frenar el conflicto, que en el caso de los médicos cumple con este viernes 44 días.
El primero se refiere a la mala práctica profesional, y es cuestionado por los galenos, y el segundo, que se refiere al homicidio en medios de transporte, es observado por los conductores.
Este viernes la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional, que también exige la abrogación de la Ley, emitió un voto resolutivo en el que declara un paro de actividades nacional e internacional a partir, también, de este lunes 8.
Para el Gobierno, esos anuncios no tienen asidero, más cuando este lunes instalaron una reunión con “todos” los delegados de los sectores del transporte para llegar a un consenso.
“Hemos definido trabajar en mesas para cumplir la solicitud del Presidente de la derogatoria del 137, los artículos 293 y 294 van a ser revisados y de manera conjunta. Eso es lo que se ha visto de manera efectiva con todos los sectores, del transporte. Todos en su totalidad han estado acá y con ellos hemos llegado a ese consenso”, dijo el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros.
“Estimamos que bajo esa lógica no hay medidas de presión. Mantenemos el diálogo, mientras no exista medidas de presión vamos seguir dialogando, estas mesas de trabajo hasta fines de este mes ya estarán consolidados”, añadió en alusión a un nuevo encuentro que se perfila para después del 23 de enero.
En sintonia con esa afirmación, el ejecutivo de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Ismael Fernández, dijo que no asumirán ninguna medida de presión.
“No queremos perjudicar a la población, menos perjudicarnos. Nosotros no entramos a ninguna de presión”, sostuvo tras la cita. No obstante, representantes de algunos sectores habían abandonado la reunión antes de concluya sin dar explicaciones.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, quien también participó de la reunión junto con el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, ratificó la afirmación de Claros y también sostuvo que “todos” los actores respaldan lo acordado.
“Se ha convocado a todos los representantes del transporte pesado, confederado, libre, internacional, etc. Hemos tenido reunión con el sector de cooperativas, con todos los sectores del transporte y hemos hecho una explicación muy clara de cuál va a ser el camino para derogar los artículos 137 y 205”, sostuvo.
Además, puntualizó que existe el compromiso de hacer modificaciones al Código de Tránsito y se ha planteado la necesidad de una ley de calzada. (05/01/2017)
