En mayo, el Gobierno presentará una “reglamentación estricta” para las agencias de empleo y para dar vía libre al cierre de las clandestinas. La Bolsa de Trabajo apunta a ser la entidad reguladora de la oferta laboral en el país.
La razón principal de esta medida es la participación de entidades de este tipo en irregularidades, como robos y estafas. Aparte, en los últimos dos años se presentó al menos una decena de casos vinculados con la trata de personas.
La Dirección General de Trabajo —dependiente del ministerio de esta área— quiere poner un alto a los ilícitos. Por ello, alista una reglamentación que endurecerá el funcionamiento de estos centros de intermediación.
“Este año es el de la transición y, posteriormente, el Estado será el único que regulará el empleo”, sostiene Víctor Vacaflores, el director de este despacho estatal. Se trata de una normativa con un estricto sistema de control. “Las (agencias) que estén de acuerdo continuarán y las que no estén de acuerdo y no tengan condiciones, cerrarán”.
Medidas. En el proyecto de la ley resaltan al menos cinco medidas que se aplicarán en este ámbito. Para empezar se hará un registro nacional. En Bolivia no existe una referencia sobre cuántas agencias de este tipo funcionan, según Vacaflores. El único dato al respecto se remonta a 2014, cuando la representación de la Defensoría del Pueblo de La Paz identificó 17 instituciones en este departamento.
En segundo lugar, estas entidades deberán entregar toda la información del propietario y el personal con el que cuentan. La información será verificada con el Servicio General de Identificación (Segip) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Incluso se evalúa cruzar estos datos con la Policía.
Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (31/03/2018)
