El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció el martes que denunciará penalmente al juez Alberto Guzmán por fallar en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al ordenar el descongelamiento del pago de regalías del campo gasífero Incahuasi a favor de Santa Cruz.
«Se va a presentar una denuncia penal en contra del doctor Alberto Guzmán juez civil y comercial de la ciudad de Santa Cruz y, paralelamente, en la ciudad de Sucre se va a presentar una denuncia formal pidiendo su suspensión inmediata ante el Consejo de la Magistratura en contra de la misma autoridad», dijo en una conferencia de prensa.
Según Arce, la denuncia será por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución.
En noviembre último, el TCP emitió un fallo que suspende el pago de regalías por la producción del campo gasífero Incahuasi y deja los recursos en custodia en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.
El jueves último, Guzmán ordenó descongelar el pago de regalías a favor de Santa Cruz en un plazo de cinco días.
Autoridades de esa región oriental del país celebraron esa decisión, mientras que Chuquisaca, que también reclama derechos sobre ese reservorio, se declaró en emergencia y llamó a un paro cívico indefinido.
En ese marco, Arce explicó que Guzmán contradijo «manifiesta y abiertamente una sentencia constitucional que el Gobierno nacional ha venido cumpliendo y seguirá cumpliendo estrictamente en apego a la Constitución Política del Estado y al sistema de control concentrado de constitucionalidad».
Manifestó también que, como cabeza de sector, el Ministerio de Justicia tiene el deber de hacer cumplir la Constitución y las leyes, y hacer prevalecer las sentencias constitucionales.
Arce argumentó que las acciones asumidas por esa cartera de Estado están sustentadas en el artículo 203 de la Constitución que señala «Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno».
El ministro dejó en claro que el Gobierno no pretende favorecer ni perjudicar ni Santa Cruz ni a Chuquisaca, sino, lo que «busca es hacer prevalecer la Constitución Política del Estado y las leyes».
