El empresariado ve decisiones políticas y no económicas en el ajuste salarial y la vigencia de la ley que permite a trabajadores hacerse de empresas en quiebra. Se declaró en alerta y proyecta baja en inversiones por la “inflexión” del Gobierno con la ley de Empresas Sociales, pero además está seguro de que el crecimiento no será suficiente y no habrá segundo aguinaldo.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, como ya lo había expresado su ente matriz, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), advirtió de riesgos para la economía con las nuevas medidas lanzadas por el Ejecutivo, más cuando en los últimos tres años, según aseguró, “hubo una baja en la economía”.
“Cualquier adelanto previo (sobre el pago del beneficio) son adivinanzas, en base a esos criterios nosotros creemos que no se va a pagar, no creemos que se llegue a 4,5%”, afirmó el empresario en una entrevista en el programa “Levántate Bolivia” de Cadena A, donde también proyectó un crecimiento de la economía de 4,3%, insuficiente para hacer realidad el segundo aguinaldo.
Durante los actos de celebración por el Día del Trabajador, el presidente Evo Morales expresó su confianza en el pago del beneficio, que se activa si el Producto Interno Bruto (PIB) crece más del 4,5%. Ese día también oficializó el incremento de 5,5% al salario básico y de 3% al mínimo nacional, además promulgó la Ley de Empresas Sociales.
Antes de la oficialización del incremento, el sector patronal advirtió de los riesgos de subir más del 3% la mejora salarial. El Gobierno también propuso a los trabajadores una mejora de 3,5% al básico y congelar el mínimo, pero cambió su posición en una negociación con la Central Obrera Boliviana (COB) que pedía una mejora de 10% al básico y de 15% al mínimo.
La ministra de Planificación, Mariana Prado, respondió en varias ocasiones que es habitual la reacción del empresariado y que tanto el incremento como el anuncio del potencial pago del segundo aguinaldo están sustentados en datos económicos.
No obstante, los empresarios tienen otra percepción. Salinas reconoció que actualmente la situación no es de las peores, pero aclaró que los efectos de las medidas puestas en vigencia se verán a mediano plazo.
“No estamos en un momento grave donde hay un cierre masivo de empresas pero todo esto se va acumulando, los efectos se ven a mediano plazo, por eso llamamos al Gobierno a un diálogo para generar medidas que no hagan que lleguemos a una situación de catástrofe. Hoy en día todavía estamos saliendo adelante pero los empresarios y el Gobierno tienen que prever”, reflexionó.
Un efecto inmediato que proyectó es la baja en la inversión privada como consecuencia de la vigencia de la ley de Empresas Sociales que permite a los trabajadores hacerse de las empresas en quiebra. Dijo que esta iniciativa está marcada por la ambigüedad y puso como ejemplos dudas como si los trabajadores podrán hacerse de una empresa de $us 2 millones con una deuda salarial de $us 100.000 o qué se entiende por despidos masivos como causal.
“Con todo esto los empresarios privados estamos asustados, estamos asustados de la inflexión que ha tomado este Gobierno con esta ley social que realmente desamina a los empresarios a invertir. Yo no creo que la inversión privada sea importante este año”, advirtió sin dar mayores detalles.
Para los empresarios no hubo respuesta a las observaciones planteadas en el Legislativo sobre la ley de Empresas Sociales. Ahora esperan un diálogo, aunque tienen poca confianza en los resultados ya que su interlocutor, describió, “nos cita, nos comunica y se acaba la reunión”. (04/05/2018)
