«El caso está concluido», aseguró la noche de este jueves el procurador del Estado, Pablo Menacho, en relación al fallo del CIADI en contra de Bolivia que le obliga a pagar Bs 48,6 millones a la firma Quiborax por la reversión en 2004, en el gobierno del expresidente Carlos Mesa, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
Aseguró que se conversa con las empresas demandantes para ver la forma de cumplimiento del laudo de la manera «más ordenada y más beneficiosa para los intereses del Estado boliviano».
Anunció, además, que la Procuraduría pidió a la Fiscalia abrir una investigación a Mesa y tres de sus exministros por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica al incumplir leyes y decretos que dieron paso a la demanda internacional de la empresa Non Metallic, socia de Quiborax, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2005.
Menacho precisó que la solicitud fue presentada el pasado 22 de mayo y advirtió que el caso Quiborax es el caso más antiguo que Bolivia atendió ante un tribunal arbitral y el último caso bajo el paraguas del CIADI, del cual el país se retiró en mayo de 2007.
El CIADI falló en contra de Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obliga pagar $us 48,6 millones a la firma chilena Quiborax por la reversión, en el gobierno de Mesa (2003-2005), de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
La decisión la hizo conocer a las partes el 18 de mayo, de acuerdo a documentación publicada en el portal italaw.com. El Comité ad hoc de la CIADI (organismo del Banco Mundial) que tomó la decisión estuvo compuesto por Andrés Rigo Sureda, Milton Estuardo Argueta Pinto y Christer Soderlund.
Menacho dijo que en el gobierno de Mesa se vulneraron leyes y se incumplieron normas, como la Ley 2564 que facultaba al entonces Poder Ejecutivo a llevar adelante seis auditorías sobre concesiones y anular éstas en caso de existir irregularidades en su adjudicación, pero no a revertirlas. (24/05/2018)
