Un contrato transaccional entre el Estado y las firmas Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A., ambas con capitales chilenos, dio cumplimiento a un laudo arbitral y el pago de $us 42,6 millones por la reversión de una concesión en el salar de Uyuni, monto $us 14,5 millones menor al que fijó el laudo y $us 108 millones menos de lo que se pretendía inicialmente la firma chilena. Para la Procuraduría del Estado, esto es resultado de una defensa “diligente e idónea”.
El ministro de Minería, César Navarro, y el Procurador del Estado, Pablo Menacho, informaron del acuerdo transaccional que termina por cerrar el proceso de arbitraje abierto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que falló en primera y en segunda instancia de apelación en contra del Estado boliviano.
El laudo del 16 de septiembre de 2015 disponía el pago de $us 48,6 millones a la firma chilena, pero el Estado apeló esa decisión y en mayo el CIADI volvió a fallar en contra de los intereses nacionales, con lo que la deuda o resarcimiento ascendía a $us 57,2 millones, incluidos intereses y costas. Con el acuerdo, la deuda bajó a $us 42,6 millones.
Menacho recordó que el monto final que pagará el Estado es sustancialmente inferior a los $us 150,8 millones que inicialmente pretendía la firma de intereses chilenos cuando presentó el arbitraje luego que en la administración del presidente Carlos Mesa, mediante el decreto 27589, se revirtiera la concesión que se le asignó en el salar de Uyuni.
La Procuraduría del Estado asumió defensa y ahora “cumple, dijo el Procurador, con sus compromisos internacionales ante el CIADI” en el marco de la controversia iniciada bajo el amparo los tratados entre Bolivia y Chile y el convenio que crea el CIADI.
Navarro explicó que la administración de Evo Morales valora cualquier acción que vaya a recuperar los recursos naturales, aunque es crítica, como en este caso, con la “forma irresponsable” en la que se condujo la recuperación del área concesionada en el Salar de Uyuni porque dio argumentos para una demanda y el resultado final.
“La única decisión política que tomó Carlos Mesa en su condición de Presidente, con un mal asesoramiento jurídico nos ha llevado a este tipo de efectos económicamente lamentable para nuestro país y nos vemos obligados a cumplir esta sentencia”, expresó el ministro durante la conferencia de prensa.
Mesa ya había cuestionado la forma y los argumentos en la defensa de los intereses del Estado, lo que para Menacho solo es una posición política. “La defensa se ha hecho de manera diligente e idónea”, insistió la autoridad y se apoyó en la reducción de la deuda que inicialmente pretendía la firma de intereses chilenos.
Hay un proceso de juicio de responsabilidades abierto por este caso contra Mesa, quien sostuvo que de darse curso también debieran ser procesados el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el presidente Morales porque mantuvieron la decisión que tomó de revertir al Estado la concesión otorgada a la firma Quiborax y Non Metallic Minerals S.A. (07/06/2018)
