El expresidente Carlos Mesa presentó este jueves en Sucre un cuarto memorial solicitando al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, archive la demanda de juicio de responsabilidades planteada en su contra por el caso Quiborax porque el decreto que dio paso a esa medida fue anulado por otra norma similar y porque ya prescribieron los delitos por los que se lo acusa.
Mesa publicó en su blog el texto del memorial con el título ‘Quiborax. Memorial al Fiscal sobre Prescripción y Abrogación de Norma’ y que se centra en aclarar, apoyado en las normas legales vigentes, que el decreto 27589 que aprobó para la reversión de la concesión minera en el Salar de Uyuni quedó extinguido con similar disposición, el decreto 28527, aprobado por su sucesor en la presidencia Eduardo Rodríguez; en consecuencia, considera que ya prescribió cualquier acción penal por ese hecho.
“Con esta abrogación la norma cuestionada en la Proposición Acusatoria se extinguió, dejó de existir jurídicamente, desapareciendo del ordenamiento jurídico del país, quedando vigente y sujeto a las consideraciones judiciales pertinentes sólo el citado D.S. Nº 28527 y no el que yo dicté. La demanda arbitral contra Bolivia se concretó cuando estaba vigente el decreto supremo de Rodríguez Veltzé y no el mío, que en esa época perdió vigencia como efecto de su abrogatoria”, explicó Mesa en el memorial.
Desde el Gobierno y la Procuraduría del Estado se explicó en reiteradas oportunidades que la resolución contraria a los intereses nacionales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) está respaldada en que Mesa no siguió, con la aprobación del decreto 28525, los procedimientos fijados en la norma de entonces para la reversión de concesiones mineras.
Justamente la proposición acusatoria o juicio de responsabilidades planteado contra Mesa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica, se asienta en ese decreto inicial que dio paso a la reversión de la concesión e inicio de un proceso de arbitraje, que acabó con el pago de una indemnización de $us 42,6 millones.
Para el también portavoz de la causa marítima el decreto de Rodríguez extinguió la vigencia del decreto que aprobó, pero además recordó los plazos para la prescripción de cualquier acción penal en este caso. “Tomando en cuenta el año de promulgación y vigencia del Decreto Supremo Nº 27589, de 23 de junio de 2004, la acción penal por estos delitos prescribió”, destaca en el memorial.
El 23 de junio de 2007 prescribió la acción penal para los delitos de Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes, mientras que para el 23 de junio de 2012 para el delito de Conducta Antieconómica, especifica.
En una entrevista con La Razón, Rodríguez explicó el 27 de mayo el contenido del decreto que aprobó y su alcance: “No ratifiqué la expulsión. Al contrario, el decreto supremo que emitió mi gobierno rectificó la actuación administrativa que tenía errores jurídicos insalvables y señaló el procedimiento administrativo a seguir conforme al ordenamiento jurídico aplicable y que fue omitido”.
El memorial es el cuarto que presenta Mesa para exigir el rechazo del juicio planteado en su contra. Los memoriales están orientados por ejemplo a advertir una mala defensa de los intereses nacionales por no haber hecho prevalecer que el juicio fue iniciado sobre la base de un documento falsificado de constitución de la firma de capitales chilenos.
También pide incluir en el proceso por delitos de Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes al hoy ministro de Justicia, Héctor Arce, al Procurador, Pablo Menacho, al ministro de Minería, César Navarro, y a la exprocuradora Elizabeth Arismendi Chumacero. (28/06/2018)
