La Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) se hizo eco de la situación en el rubro de la construcción y advirtió que la desaceleración en ese sector tendrá efectos directos en el empleo porque representa el 8% del empleo total en Bolivia y absorbe cada año el 25% de los puestos nuevos que se crean.
El presidente de los empresarios Ronald Nostas explicó que la situación develada en el sector de la construcción puede tener efectos nocivos sobre el empleo y la economía de miles de familias, especialmente en los departamentos fuera del eje central.
“Estamos muy preocupados porque se siguen generando condiciones insostenibles sobre el sector empresarial boliviano, que afectan cada vez más al empleo, la producción y la estabilidad de la economía de la gente, y una prueba es lo que pasa en el rubro de las empresas constructoras”, sostuvo, según un boletín institucional.
El pasado jueves, la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO) advirtió de una desaceleración en el crecimiento del sector y se declaró en emergencia por lo que consideró excesivo retraso en el pago de planillas a las empresas, abusos del Servicio de Impuestos e inequidad con la que se trata a las empresas extranjeras en relación a las nacionales.
Esa situación implica, según explicó, un efecto multiplicador porque afecta la provisión de materiales industriales, los diseños de obra, el transporte y los servicios sin tomar en cuenta los perjuicios sobre el costo y los plazos de las obras, necesarias para la población.
“Nos preocupa que, pese a los acuerdos a los que llegamos con el gobierno y la creación de un fondo rotatorio para pagar a las empresas contratadas, los problemas continúan y se agravan, y que ahora se incluyan medidas arbitrarias del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que pretende confiscar pagos que las alcaldías tenían presupuestadas para cancelar obras”, insistió.
El SIN respondió el jueves a CABOCO aclarando que las tareas de fiscalización ejecutadas por la Administración Tributaria referentes a la verificación de notas fiscales por la compra de bienes o servicios, están enfocadas a la determinación de facturas clonadas, duplicadas, no dosificadas, no vinculadas a la actividad, o aquellas en las que no se demuestra la realización efectiva de la transacción.
Nostas sostuvo que el ente fiscalizador implementó un mecanismo que pretende fiscalizar obras concluidas hace cinco años y aplicar multas a las empresas cuando no pueden demostrar algunos requisitos que exige.
Además hizo saber que la entidad recaudadora remitió el pasado 14 de junio una carta a la Gobernación de Tarija exigiendo que los montos que esa entidad tiene destinados al pago de empresas que tienen deudas con el fisco, pasen directamente a una cuenta del SIN.
“A partir de una interpretación unilateral de la norma, (el SIN) pretende hacerse con la propiedad de fondos netamente privados, correspondiente a la retribución por el pago de los servicios prestados”, observó.
