La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) anunció ayer que sus afiliados cumplirán con el pago del segundo aguinaldo, pero advirtió que eso provocará una mayor informalidad en la economía de Bolivia.
“Tenemos que cumplir porque es una obligación y nosotros somos responsables de la Constitución Política (…). El costo de cumplir con esa decisión política va a ser altísimo, no solamente para los empresarios, (sino) para los medianos, pequeños, para cualquier empresario, va a ser un costo para el pueblo boliviano en su conjunto por el efecto negativo que ello conlleva, ese es el problema”, lamentó el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, en rueda de prensa.
Añadió que el pago del segundo aguinaldo generará mayor informalidad en la economía del país, así como un mayor crecimiento del contrabando.
En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, dijo que el crecimiento del PIB al primer trimestre es gracias a la recuperación del precio del petróleo, pero en los otros sectores como en la construcción, agropecuaria y comercio no se creció en los mismos niveles de la pasada gestión. “Es una mala noticia la forma en la que estamos creciendo”, señaló ayer, por la mañana, el empresario.
El martes, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, informó que el crecimiento de la economía al primer trimestre de este año fue de 4,44% gracias al repunte del sector hidrocarburífero. Aclaró que para el pago del segundo aguinaldo, Bolivia debería crecer un 4,2% en el segundo trimestre.
Posibilidad. El sector privado aseguró que el 80% de los empresarios del país no está en la posibilidad de pagar el doble aguinaldo y que esto generará mayor informalidad en el país.
Salinas sostuvo que las más afectadas serán las pequeñas y medianas empresas porque, para cancelar el beneficio, dejarán de invertir o deberán adquirir préstamos bancarios.
El Decreto Supremo 1802, del 20 de noviembre de 2013, establece que el pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” se cancelará si el crecimiento de la economía entre julio de un año y junio del siguiente supera el 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
