El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) solicitó un proceso de arbitraje contra Bolivia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) amparado en un acuerdo de protección de inversiones entre Bolivia y España que abre esa posibilidad, aunque plantea también otras dos opciones y fija la obligación de indemnización.
El documento se denomina Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia. Fue suscrito el 29 de octubre de 2001 y en sus primeras líneas precisamente establece que busca “crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversores” de cada una de las partes.
En un comunicado publicado en su página web, BBVA da cuenta “que ha solicitado un proceso de arbitraje” por el traspaso del manejo de los aportes de jubilación de la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. La decisión se toma, aclara, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con el Estado boliviano.
El artículo 5 del acuerdo de protección de inversiones establece las consecuencias de una nacionalización o expropiación, aunque pone una excepción.
Las inversiones, según el documento, de una parte en el territorio del otro contratante “no podrán ser sometidas a una nacionalización, expropiación ni a cualquiera otra medida de efectos similares (en adelante expropiación) excepto por razones de utilidad pública con arreglo al debido procedimiento legal, de manera no discriminatoria y acompañada de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”.
Hasta el momento no se conoce detalles de los términos de las conversaciones entre la firma española y el Estado, aunque en el documento que hizo pública el viernes BBVA da a conocer que, “a pesar de la presentación de varias propuestas no ha sido posible el acercamiento de posturas en particular respecto a la valoración del negocio de la AFP”.
En caso de controversia en materia de inversiones, abre la posibilidad de acudir a tres instancias. De no llegar a un acuerdo en un plazo de seis meses puede acudirse a los tribunales competentes, en este caso de Bolivia, o a un tribunal de arbitraje ‘ad hoc’ establecido con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional.
Una tercera opción y la que eligió BBVA Previsión es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), donde prevalecerán las disposiciones del Acuerdo y la de otros acuerdos entre las partes, las reglas y principios en materia de Derecho Internacional y el derecho nacional, en este caso de Bolivia.
El ministro de Economía, Mario Guillén, y el Procurador, Pablo Menacho, informaron ayer que el Estado prepara su defensa y que los aportes para jubilaciones que administra la demandante no se verán afectados.
Guillén explicó que el Gobierno estuvo negociando la transferencia pero el monto solicitado por BBVA fue “excesivo”, lo que derivó en el rechazo.
Menacho detalló que la demanda fue presentada en el marco del “mecanismo complementario” del CIADI y dijo que ya no aplica al “convenio CIADI” porque Bolivia se retiró de ese mecanismo de controversias.
“El mecanismo complementario es simplemente un reglamento de arbitraje en el que CIADI actuará exclusivamente como la institución administradora del procedimiento arbitral”, precisó y recordó que, sin embargo está vigente el tratado bilateral de inversión entre Bolivia y España. (14/08/2018)
