Desde 2004 hasta 2017, 1.362 (69%) demandas contencioso-administrativas, de un total de 2.035, fueron interpuestas por Impuestos Nacionales (SIN), según información de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT).
“Destaca las demandas contencioso-administrativas interpuestas por las Administraciones Tributarias, teniendo preeminencia mayoritaria aquellas presentadas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con 1.362 demandas, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) con 646 y los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) con 27”, se lee en la Memoria 2017 de la AIT y publicada en su web.
Las demandas contencioso-administrativas constituyen un mecanismo de impugnación frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interpuestas por las Administradoras Tributarias (ANB, SIN y GAM) y sujetos pasivos (persona física o jurídica) sobre los que recaen las obligaciones tributarias.
El Código Tributario Boliviano establece la interposición de recursos contra los actos definitivos de la Administración Tributaria cuando los sujetos pasivos consideren que sus derechos han sido vulnerados. En este marco, la AIT resuelve las controversias en el ámbito tributario, cumpliendo los plazos previstos por ley, y manteniendo un 0% de mora procesal.
Antes de iniciar un proceso contencioso-administrativo, los denunciantes tienen dos instancias para apelar sus derechos. El primero es presentar un recurso de alzada a las Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria (ARIT), las que pueden rechazar, observar o admitir el recurso.
Solo en 2017 se admitieron 3.434 recursos de alzada, 541 más que en 2016, lo que representa un 18,7% de incremento. El 61% de los casos correspondían a la ANB, el 27% al SIN y el 12% a los GAM.
En caso de no llegar a un buen entendimiento, se procede a la segunda instancia, es decir, presentar un recurso de jerarquía. El año pasado la cantidad sumó 1.982 casos, 12,6% más que en 2016.
Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (18/08/2018)
