La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa inició la revisión de la documentación relacionada a los contratos que se firmaron el 18 de marzo de 1997 con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA y Futuro de Bolivia.
“La comisión estaría en la posibilidad de rápidamente revisar la documentación que se tiene, revisar los contratos con los que fueron contratadas las Administradoras de Fondo de Pensiones, además de verificar quiénes suscribieron estos contratos, las condiciones en las que se suscribieron o las condiciones que establecen los contratos (…). De hecho, ante la declaración del vicepresidente (Álvaro García) estamos revisando la documentación”, explicó ayer el presidente de la comisión legislativa, el senador Rubén Medinaceli (MAS).
El domingo, el vicepresidente Álvaro García, en entrevista en el programa Esta casa no es hotel, de la red ATB, anunció que “este tema de las AFP va a estar en el informe” final sobre privatización y capitalización de las empresas estatales (1985-2005) para luego elaborar “un pliego de cargo judicial de los mayores responsables del desastre”.
Medinaceli aclaró que al iniciar recién este proceso sobre los contratos con las AFP, no se tiene establecido el tiempo en el que se entregarán los resultados finales sobre este tema.
El 18 de marzo de 1997, el superintendente de Pensiones, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, en representación del Gobierno boliviano, firmó los contratos (indefinidos) de servicios para la administración de las AFP con los representantes de Futuro de Bolivia (Invesco-Argentaria), Marcelo Zabalaga; y Previsión BBV (Banco Bilbao Vizcaya, ahora BBVA), Jesús María de las Fuentes. Ambas firmas depositaron una garantía de $us 900 millones.
El 26 de marzo de 1994, mediante Decreto Presidencial 23747, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada designó a Alfonso Revollo Thenier ministro sin cartera Responsable de Capitalización, quien se encargó del proceso de privatización de las empresas “estratégicas” del Estado.
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