El ministro de Economía, Mario Guillén, explicó este viernes que la disposición que obliga a los notarios de fe pública a reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) información sobre la compra venta de bienes inmuebles, solo incluye las transacciones que se hagan en efectivo y sean superiores a los 300.000 dólares.
Según Guillén, ese tipo de transacciones son consideradas sospechosas de lavado de dinero.
«El notario debe reportar aquellas operaciones que son sospechosas de lavado de dinero, son aquellas de compra y venta que se haga en efectivo, que no vayan por los bancos. Nosotros hemos instruido a la UIF que estás transacciones lleguen a aquellos bienes que sean superiores a los 300.000 dólares», dijo en una rueda de prensa.
Guillén dejó en claro que esa medida busca acentuar el trabajo que realiza el Estado en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Además, señaló que los estándares de seguridad que plantea el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyen a los notarios como sujetos obligados a dar información a la UIF y eso sucede en muchos países del mundo.
En 2013, el GAFI sacó a Bolivia de la lista gris de países observados y sujetos a seguimiento, luego de que lograra avances significativos en la ejecución de su plan de acción contra la legitimación ilícita de ganancias y el financiamiento al terrorismo.
(30/11/2018)
