Los empresarios se quejaron por los prolongados retrasos del Gobierno central y de los subnacionales en el pago por la provisión de bienes o servicios, que incide en la falta de liquidez en un período de fin de año en el que se les sumó el pago del segundo aguinaldo. Pidieron a los diferentes niveles de gobierno pagar sus deudas.
La posición fue hecha conocer por el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, quien consideró “injusto e inequitativo” que en contrapartida el Gobierno brinde facilidades a las entidades públicas para la cancelación del segundo aguinaldo accediendo a partidas.
No mencionó el monto adeudado, pero insistió que existe en los diferentes niveles de Gobierno y que en algunos casos arrastran demoras de hasta dos años sin que hasta el momento se haga “ningún esfuerzo -ni a nivel nacional ni a nivel local- para que se paguen las deudas atrasadas con empresas privadas”.
“La Cámara Boliviana de la Construcción nos ha informado que prácticamente en todos los departamentos hay problemas con el pago de obras públicas ejecutadas por empresas nacionales, lo que les genera un grave perjuicio, al igual que empresas de otros rubros que están pasando por la misma situación”, sostuvo.
En los últimos meses, ocho federaciones departamentales y una veintena de sectores que componen el empresariado boliviano, además de la dirigencia de las mypes, expresaron públicamente que no están en condiciones de pagar el segundo aguinaldo debido al bajo crecimiento en la gestión, la ralentización de la economía, la disminución de las ventas y la cantidad de obligaciones que deben cubrirse a fin de año, a lo que se suma el retraso en los pagos por parte de las instituciones públicas.
La administración del presidente Evo Morales propuso pagar parte del segundo aguinaldo en especie, en un plazo adicional y hasta un tope salarial o jerárquico. La parte patronal contrapropuso que el plazo se extienda por seis meses y que el beneficio solo llegue a quienes ganan hasta dos salarios mínimos nacionales.
La Central Obrera Boliviana (COB) expresó su rechazo a ambos planteamientos y espera una reunión con Morales para definir el pago, mientras que los empresarios insisten en el riesgo para la economía y la estabilidad del empleo.
“No parece razonable que se admita tanto perjuicio al sector privado e incluso a las finanzas públicas, para beneficiar, por presiones de algunos dirigentes, a un grupo minoritario, erogando recursos que son escasos y que finalmente terminarán beneficiando al contrabando y a las empresas extranjeras que inundan nuestros mercados, afectando a nuestros productores”, sostuvo.
