Los empresarios privados consideran que el acuerdo entre el Gobierno y la COB para anular la vigencia del despido indirecto ocasionará que haya inamovilidad laboral y que las empresas preferirán ya no contratar más personal para evitarse conflictos.
“El tema del despido indirecto se suma a todas las medidas que ya ha tomado el Gobierno para la inmunidad funcionaria, lo cual es uno de los principales problemas que tiene ahora el sector empresarial. Lamentablemente es casi imposible retirar a una persona, lo que tiene efectos negativos”, consideró ayer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas.
El jueves, en una reunión de más de dos horas en la Casa Grande del Pueblo entre el Gobierno y la dirigencia de la COB, se acordó aprobar una serie de normas en beneficio de los trabajadores. Una de esas es la derogación del artículo dos de un decreto supremo aprobado el 9 de marzo de 1937 relativo a la vigencia del despido indirecto. Esto dentro el pliego petitorio 2018 de la COB.
El despido indirecto, como una forma de extinción de la relación laboral, actualmente está regulado por el artículo 2 de 9 de marzo de 1937. Ese artículo señala que “en caso de rebaja de sueldos, los empleados tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él, recibiendo la indemnización correspondiente a sus años de servicio. El patrono deberá anunciar la rebaja de sueldos con tres meses de anticipación”.
El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Horacio Villegas, lamentó que el Gobierno atienda las quejas de un grupo de dirigentes de la COB en desmedro de la generación de empleos porque las empresas privadas preferirán ya no contratar personal.
“Ese es un tema que será un problema en los siguientes años por el tema de la poca creación de empleos que tenemos y los 170.000 jóvenes que entran al mercado cada año no van a poder acceder al mercado laboral porque cada vez es más difícil”, dijo a La Razón el empresario industrial.
Este medio buscó al ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Héctor Hinojosa, para que aclare las figuras legales sobre los acuerdos alcanzados con la COB, pero la autoridad se encontraba en reuniones durante todo el día.
Empresas. Otro de los puntos acordados entre el Gobierno y la COB es la aprobación de la reglamentación de la Ley 1055 de Empresas Sociales, la cual fue fijada para el miércoles 9 de este mes en la reunión de gabinete ministerial.
Salinas rechazó esa norma porque la solución no es dar las empresas en quiebra a los trabajadores sino, por el contrario, el Gobierno debería apoyar para su continuidad en el mercado. Villegas calificó como una falta de respeto a la inversión privada el entregar las empresas a los trabajadores.
