La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó con apoyo de una legisladora ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una demanda de inconstitucionalidad en contra de al menos siete artículos de la Ley de Empresas Sociales, que permite a los trabajadores hacerse de la empresa en la que trabajan bajo determinadas causales.
El recurso fue presentado por la diputada de Unidad Demócrata (UD), Fernanda San Martín, debido a que solo autoridades electas como los senadores y diputados están habilitados para realizar este tipo de trámites.
Hasta tanto sea resuelto el recurso, exigen se deje sin efecto su aplicación. La demanda ataca al artículo espíruto de la norma y exige que sea declarado inconstitucional porque afecta derechos.
«Se entiende por empresa social, aquella constituida por las trabajadoras y los trabajadores activos de una empresa privada que se encuentre en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada; cuya finalidad es reactivar y reorganizar la empresa, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social», establece el artículo 2 que los empresarios demandan sea anulado.
El argumento que manejan es que “la vigencia de la Ley y la aplicación de la misma a casos concretos, puede ocasionar daños irreparables al patrimonio de los empresarios, sus actividades, negocios y la propia economía de la empresa, así como a derechos de terceros”.
La demanda de inconstitucionalidad es contra los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11, además de las disposiciones adicionales tercera y cuarta.
Están seguros que el control constitucional dará curso a la demanda porque es evidente la vulneración de sus derechos.
Mientras que el Gobierno se comprometió con la Central Obrera Boliviana (COB) a aprobar el decreto reglamentario de la ley vigente desde 2017.
La CEPB aclaró que no se opone a la creación de empresas sociales, sin embargo, cuestionó “la forma como ha sido promulgada la Ley 1055, (ya que) fomenta la confrontación entre trabajadores y empleadores, deja a las empresas en indefensión frente a toma de unidades productivas, posibilita la confiscación de la propiedad privada y desalienta la inversión y la creación de empresa en el país”. (8/01/2018)
