El Gobierno cuestionó la demanda de inconstitucionalidad que presentaron los empresarios en contra de la Ley de Empresas Sociales, que regula el traspaso de empresas a sus trabajadores bajo determinadas causales, porque no vulnera el derecho a la propiedad privada.
El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, explicó que la ley se enmarca en los principios constitucionales y se aplica a empresarios «irresponsables» con sus trabajadores y sus propias firmas.
«Existen también empresarios irresponsables que han abandonado a las empresas, lo que permite (sobre la base) de la propia Constitución Política del Estado constituir empresas sociales para salvar el derecho al trabajo”, sostuvo.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) informó el miércoles que presentó, apoyada por la legisladora de oposición Fernanda San Martín, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley que permite a los trabajadores hacerse de empresas en la que trabajan bajo ciertas condicionantes.
Exigen se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11, además de las disposiciones adicionales tercera y cuarta. La demanda ataca al artículo espíritu de la norma.
«Se entiende por empresa social, aquella constituida por las trabajadoras y los trabajadores activos de una empresa privada que se encuentre en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada; cuya finalidad es reactivar y reorganizar la empresa, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social», establece el artículo 2 que los empresarios demandan sea anulado.
La CEPB aclaró que no se oponen a la creación de empresas sociales, sin embargo, cuestionaron la forma como ha sido promulgada la Ley 1055 ya que fomentaría la confrontación entre trabajadores y empleadores, además dejaría a las empresas en indefensión frente a toma de unidades productivas. (9/01/2018)
