“¡Transportes unidos, jamás serán vencidos!”, con ese grito de más de una centena de dirigentes cerró la tarde de este jueves el ampliado de los choferes que trató el manejo de los recursos destinados a su fondo pro salud y donde una de las principales conclusiones es que responderán ante la Justicia por ello, pero no permitirán ningún tipo de fiscalización externa a su federación.
En medio de una fuerte tensión que en algunos momentos colmó de gritos el escenario del encuentro, los choferes trataron el tema del polémico fondo que se recolecta en el peaje de la Autopista La Paz-El Alto, supuestamente dirigido a un fondo de salud, y que sumó alrededor de 12 millones de bolivianos en los últimos años.
El sector, por unanimidad, decidió cerrarse a cualquier tipo de fiscalización externa, aunque sus dirigentes aseguraron que se defenderán en la Justicia por la denuncia que ya pesa contra ellos en la Fiscalía auspiciada por los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe.
El secretario Ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, quien estaba presente en la cita para rendir cuentas porque antes fungía como dirigente regional, afirmó que el tema económico y la “intromisión de gente ajena al gremio ha causado malestar a los compañeros de base”.
“De forma contundente, la unidad del transporte sindicalizado en la ciudad de La Paz está conforme, contundente en la respuesta que se les ha dado”, dijo, según reportó radio Cepra.
Según la denuncia, Fernández y otros cinco exdirigentes y dirigentes del sector manejaron en cuentas personales el dinero proveniente de los aportes de sus afiliados retenidos en el pago del peaje de la autopista.
Los recursos deberían ser destinados a un fondo pro salud, pero únicamente 400.000 bolivianos, vale decir el 3,2 % del total recaudado, fueron invertidos para el equipamiento de la Clínica 16 de Noviembre.
En un audio al que accedió la red Erbol, se escucha decir a Fernández que parte de ese dinero se utilizó para pagar viajes y dietas de los dirigentes, además de “alguna farra” .
De todas formas, el ampliado fijó que los exdirigentes rindan sus cuentas desde el 15 de abril por los montos administrados de las gestiones pasadas y en un ampliado similar. Están en la mira Franklin Durán (2003-2009) y René Vargas (2009-2013); Ismael Fernández (2013-2015) rindió sus cuentas este jueves.
El actual secretario de la Federación Departamental de Transporte 1 de Mayo, Rubén Sánchez, precisó que “se va a conminar” a Durán y Vargas para que “informen” sobre “todo el desarrollo económico” que llevaron adelante.
Otro punto crucial que se trató en la cita es la recaudación de 20 centavos que se hace en el peaje de la autopista. Fernández aseguró que “el transporte no va renunciar a ese aporte voluntario”.
Es más, determinaron que “ese aporte se tiene que fiscalizar y hacer la rendición de cuentas en eventos de esta naturaleza dentro la federación departamental y por aquello no se va a permitir ni tolerar, en la resolución que sacan los compañeros, la intromisión de ningún político ni otra instancia que no sea al interior del transporte sindicalizado”.
Sánchez, por su lado, dijo que “el ampliado se ratifica en que todo el monto que sea económico dentro nuestra federación se lo va a discutir de forma interna dejando en claro que estos recursos son netamente sindicales y aportes voluntarios”.
“En cuanto a las situaciones jurídicas, nosotros nos vamos a presentar cuando así lo determine la Justicia para demostrar nuestra inocencia, como hoy hemos demostrado todos los dirigentes afiliados a esta federación de que no hay tal de esas supuestas cifras millonarias que habían enlodado a la actual dirigencia y por intermedio a los secretario generales”, añadió.
En medio del informe hubo gritos de los dirigentes sindicales detractores de la actual dirigencia, quienes inclusive pidieron la renuncia de Sánchez, otro de los sindicados en este caso.
El aludido informó que el descontento “se debe a que a dos se les está sancionando por el tipo de accionar que han tenido a título de esta federación”. Mencionó a Lucio Quispe y Zenón Canaviri a quien apuntó de “injuriar” a la dirigencia cuando este jueves “se aclaró este tema”.
Quispe, del Sindicato Eduardo Abaroa, quien abandonó el ampliado antes de la conferencia de prensa, denunció que les “coartaron” el uso de la palabra e inclusive los amedrentaron. “La plata (el destino del dinero) no quieren explicar, ya lo han maquinado todo, se han reunido ayer, antes de ayer”, denunció.
Por su lado, Canaviri, del Sindicato Pedro Domingo Murillo, anunció que su sector se declaró en estado de emergencia y convocó a un ampliado de emergencia para este jueves en el que “el hombre de base decidirán las acciones a futuro”. (21/03/2019)
