A ocho meses de haber suspendido sus operaciones, el Gobierno autorizó a la Empresa Pública Transporte Aéreo Militar (TAM – EP) volver a operar en vuelos nacionales e internacionales por seis meses, tiempo en el que deberá regularizar su situación.
La decisión está contenida en el Decreto Supremo 3846. Los motivos expuestos son el que no hay una línea aérea que cubra las necesidades de transporte de las poblaciones más alejadas del país, como lo hacía la extinta línea militar TAM, ahora Empresa Pública Transporte Aéreo Militar (TAM – EP).
“A partir de la publicación del presente Decreto Supremo, por un plazo de seis meses, se autoriza excepcionalmente a la Empresa Pública Transporte Aéreo Militar – TAM la explotación de servicios de transporte aéreo regular de pasajeros y carga nacional e internacional”, se lee el parágrafo I del artículo único.
Uno de los considerandos establece que la decisión es tomada ante “la falta de operadores en zonas de poca afluencia aérea y tomando en cuenta la urgencia de contar con una empresa que cubra con las necesidades de transporte de las poblaciones más alejadas del territorio nacional, es necesario autorizar excepcionalmente a la Empresa Pública Transporte Aéreo Militar – TAM la explotación de servicios de transporte aéreo regular de pasajeros y carga nacional e internacional”.
TAM inició el trámite para constituirse en una empresa pública de transporte aéreo y conseguir el Certificado como Operador Aéreo Comercial (COA) de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), no obstante no logró concretar las gestiones.
El parágrafo II del artículo único del decreto aprobado el miércoles refiere que en el plazo de seis meses, la línea aérea deberá “recabar su respectiva autorización para la prestación de servicio de transporte aéreo regular de pasajeros y carga, nacional e internacional, debiendo cumplir con todos los requisitos establecidos para el efecto”.
El 31 de julio de 2018, la firma militar realizó el último vuelo entre el aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz y el aeropuerto internacional de El Alto en La Paz, como parte de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Posteriormente inició un periodo de transición para consolidarse como Empresa Pública del Estado.
“La Empresa Pública Transporte Aéreo Militar deberá cumplir con sus obligaciones pecuniarias pendientes con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT, en el plazo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo Único del presente Decreto Supremo”, establece la Disposición Adicional Única.
En 2013, se conoció que la aerolínea tenía una deuda impositiva de cerca de Bs 55 millones.
Al concluir sus operaciones, el 31 de julio de 2018, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que el TAM tenía una deuda de Bs 75,3 millones. El monto económico se generó mientras usó un Número de Identificación Tributaria (NIT) de la FAB. Posteriormente, tramitó un nuevo registro y acumula una deuda de Bs 641.000. (29/03/2019)
