En una reunión compleja por las posiciones contrapuestas, el presidente Evo Morales y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), a la cabeza del dirigente Juan Carlos Huarachi, acordaron que el incremento salarial para esta gestión será de 4% al básico y de 3% al mínimo nacional, con lo que subirá de Bs 2060 a Bs 2.122.
Morales informó del acuerdo en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo con ministros de Estado y el pleno del Comité Ejecutivo Nacional del ente matriz de los trabajadores. A las 05.00 de la mañana empezó la reunión para tratar este tema, en la tarde se declaró un cuarto intermedio y la negociación se reanudó pasadas las 17.00.
Cerca de las 21.000 concluyó la reunión con el acuerdo que concilió posiciones contrapuestas. Los trabajadores exigían un incremento de 12% al básico y de 10% al mínimo, mientras que el Gobierno contrapropuso congelar el salario mínimo nacional y subir en 2,5% el básico, teniendo en cuenta que la inflación se situó en 2018 en 1,5%.
Huarachi reflejó lo complejo de la negociación. “Para nosotros no ha sido fácil, ha sido esta, tal vez, la reunión más agria que hemos tenido, pero felizmente se ha tenido un consenso para que puedan gozar de un incremento, particularmente los que tienen un salario mínimo nacional”, sostuvo el dirigente de los trabajadores.
Este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador, será oficializado el incremento mediante un decreto supremo. “El tema económico siempre es difícil, saludo el entendimiento…quiero decir que nunca el incremento será debajo de la inflación, es como buscar un equilibrio entre el aspecto laboral y la inversión”, explicó Morales.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó que el incremento debe situarse en 2%, incluso consideró aceptable la propuesta inicial del Gobierno que fue modificada como resultado de las negociaciones.
Varios otros temas fueron concertados en las diferentes comisiones de trabajo formadas para debatir el pliego petitorio de los trabajadores. Entre los acuerdos están la construcción de 2.500 viviendas para los trabajadores y la modificación del Código Penal para prohibir la persecusión a los dirigentes sindicales por conflictos.
(30/4/2019)
