Bolivia concluyó de manera “solvente” su defensa en el arbitraje planteado por Glencore Finance (Bermuda) en su contra por la expropiación del complejo metalúrgico Vinto, la planta de antimonio y la mina Colquiri y, en ese marco, presentó testigos de los conflictos de 2012 y acusó a la transnacional de comprar los bienes en litigio al prófugo de la Justicia boliviana Gonzalo Sánchez de Lozada.
La demanda está instalada en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya bajo el amparo del reglamento de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
“Hemos podido presentar al Tribunal Arbitral con mucha solvencia la posición de Bolivia en esta caso”, señaló a la radioemisora estatal Patria Nueva el procurador general del Estado, Pablo Menacho, quien se trasladó hasta París, Francia, para ese fin.
“Bolivia ha presentado en el arbitraje una serie de testimonios, además de una amplísima prueba documental que ha sido presentada de forma adjunta para respaldar sus escritos y los testigos de Bolivia han estado en París, hemos contado con personas que han vivido particularmente los conflictos que se vivieron el 2012”, señaló el Procurador.
En junio de ese año, cooperativistas y mineros asalariados se enfrentaron por el usufructo de Colquiri, La Paz, en pleno centro minero dejando decenas heridos.
Durante los meses posteriores sucedieron bloqueos de carreteras que derivaron, en septiembre, en un enfrentamiento en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en La Paz, donde fall'eció su afiliado Héctor Choque por la detonación de una dinamita.
“También hemos dejado muy establecido el hecho de que esta empresa suiza, esta transnacional, hacia fines de 2004 y principios de 2005, adquirió todos estos activos en Bolivia de manos, y a sabiendas, del anterior propietario que era justamente el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre quien en ese momento, e incluso actualmente, recaía un juicio de responsabilidades y una solicitud de extradición en los Estados Unidos”, explicó Menacho.
Tras la muerte de más de 60 personas en su último gobierno, en 2003, Sánchez de Lozada huyó hasta Estados Unidos, país en el que reside desde entonces y el cual no ha tramitado la solictud de extradición por ese caso. La justicia boliviana también lo procesa por la capitalización de las empresas estatales.
Glencore le exige a Bolivia un pago de $us 675,7 millones por la expropiación de los bienes citados y de la supuesta apropiación de 161 toneladas de concentrados de estaño procesado.
Menacho dijo que “no ha habido aún una discusión del monto compensable”, pero aseguró que Bolivia actuó, como en otros casos, “de buena fe en el marco del derecho internacional”. (23/05/2019)
