La reciente autorización del uso de transgénicos en el agro empezará con cuatro variedades por cada semilla. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó que en un breve plazo se conocerá la variedad de semillas modificadas genéticamente que se usarán en la siembra de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.
“Lo que ha habido es una autorización para que se pueda desarrollar -mediante un procedimiento abreviado- todo el proceso de análisis y estudio que llevaría ya a las autorizaciones específicas de cada evento, por decirle en términos fáciles, sería de cada semilla en cuatro productos que autoriza el decreto”, explicó.
Poniendo como argumento a la actual cuarentena por el coronavirus, el gobierno de Jeanine Áñez autorizó por decreto, y de manera excepcional, al “Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.
Gobierno autoriza pruebas rápidas para uso de semillas transgénicas
Además instruye “tomar en cuenta las acciones y medidas adoptadas por los países vecinos, referentes a los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería genética; para lo cual el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, realizarán las evaluaciones correspondientes”.
Ortiz, recientemente posesionado como ministro de Desarrollo Productivo, explicó que todavía no se aprobó qué semillas modificadas se utilizarán en el agro, porque eso estará definido en función al estudio técnico y comparativo dispuesto.
La decisión tomada por el Gobierno desató diferentes reacciones. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), a través de su presidente, Marcelo Pantoja, apoyó la decisión y anunció que la medida permitirá triplicar la producción de granos.
Gonzalo Colque, director ejecutivo de la Fundación Tierra, cuestionó la medida y aseguró que en el Comité Nacional de Bioseguridad hay “un conflicto de intereses” porque está constituido por los ministros Ortiz, Eliane Capobianco y María Elva Pinckert.
A diferencia de lo establecido en el decreto, el artículo 24 de la Ley de la Madre Tierra prohíbe “la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.
