Las empresas telefónicas de Bolivia se declararon en emergencia y alertaron que el Proyecto de Ley 621 o Proyecto de Ley Transitoria de Rebaja Excepcional de Servicios de Telecomunicaciones, pone en riesgo la prestación de este servicio ya que ocasionará una severa congestión en la red.
“Una nueva medida que sólo contemple el incremento en la demanda del servicio sin considerar las medidas técnicamente necesarias para poder atenderlo razonablemente es simplemente una irresponsabilidad”, advirtió en un boletín de prensa la Cámara Boliviana de Telecomunicaciones (Catelbo).
“El sector de telecomunicaciones ha realizado un enorme esfuerzo humano, técnico y tecnológico para mantener al país conectado y comunicado en esta crisis sanitaria, es lamentable que el Legislativo tome decisiones unilaterales, sin tomar en cuenta a las partes involucradas”, dijo Eduardo Trigo, gerente de esa cámara empresarial.
“Estamos en la obligación de visibilizar que, con esta medida inconstitucional, solo se afectará al usuario final”, añadió.
Hace tres días el Proyecto de Ley 621 fue aprobado por los diputados, y su tratamiento pasó al Senado. El documento establece que operadores y proveedores del servicio móvil de voz y acceso a internet móvil, crearán un Plan Solidario de Recarga; para las modalidades pre-pago deberán duplicar el crédito al momento en el que el usuario realice alguna recarga, el monto máximo de beneficio de la recarga será de Bs 320 al mes y la vigencia del crédito adicional otorgado será de 30 días posteriores a la recarga y no podrá ser transferido a otros usuarios.
Para la modalidad post-pago se aumentará en 10% los minutos libres y los megabites (MB) mensuales del plan contratado. Cuando los usuarios de este plan pasen a pre pago serán beneficiados con la duplicación del crédito al momento de realizar alguna recarga y se aumentará en 50% los minutos libres mensuales contratados.
Dato
En el mismo proyecto se establece que los operadores y proveedores del servicio móvil deberán generar planes de acceso a internet destinados a teleducación y teletrabajo, estos planes deben ser difundidos en medios de comunicación masiva.
“La normal provisión de internet y telefonía a los cerca de 10 millones de usuarios que hay en Bolivia está en riesgo, tras la aprobación del proyecto de Ley 621”, informó Catelbo.
Solo con la medida que pospone el cobro de facturas por los servicios de telefonía e internet y prohíbe el corte por falta de pago tomado cuando comenzó la cuarentena por el COVID-19, “el tráfico en las redes se incrementó súbitamente más del 40% en promedio, con picos que pueden duplicar el tráfico histórico para el cual estaban preparadas las redes de telecomunicaciones”, dijo la entidad.
“Una nueva medida que sólo contemple el incremento en la demanda del servicio sin considerar las medidas técnicamente necesarias para poder atenderlo razonablemente es simplemente una irresponsabilidad”.
Este sector, en la nota de prensa, también lamentó que, pese a sus esfuerzos por explicar la situación a los legisladores, el proyecto avanzó en la Cámara Baja “sin consideración alguna a los aspectos técnicos, económicos y legales involucrados en una decisión como esta”.
“Se han presentado propuestas innovadoras, sostenibles que buscan el mismo objetivo, sin embargo, no fuimos escuchados. Creemos un tema tan crítico y técnico como este no puede ser politizado, es irresponsable”, aseguró.
(23/05/2020)
