Eduardo Trigo, gerente general de Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo), expone el golpe que generaría a las telefónicas la doble recarga estipulada en la Ley 621 para abonados de telefonía móvil, fija e internet. Además expresó las dificultades financieras que acarrean la falta de pagos en estos servicios y la imposibilidad de cortes ante la pandemia. Este sector busca una reunión con la presidenta de la Cámara de Senadores para exponer su postura y situación.
¿Cuál es su postura ante el proyecto de Ley 621 que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados?
Dicho proyecto pone en riesgo la normal provisión de internet y telefonía a los cerca de 10 millones de usuarios que hay en Bolivia; esto debido a que dicha ley ha sido abordada de forma unilateral y expropiatoria y no ha tomado en cuentas las condiciones técnicas y económicas necesarias para un incremento de las demandas de estas condiciones en el sector telecomunicaciones. Asimismo esta medida repercutirá en inmediata y severa congestión en la red, que ya ha sufrido un incremento de tráfico del 40% debido al cumplimiento de la emergencia sanitaria.
¿Cómo les afecta si no tenían previsto este incremento?
Estamos en una situación atípica y anormal de estar confinados a un encierro voluntario por una medida precautoria al contagio y diseminación del contagio del coronavirus y esto ha llevado a que la gran mayoría de usuarios al uso de las tecnologías de la información e internet ya sea para diversión, capacitación, ocio, juegos y ha generado una demanda extraordinaria adicional a la que tienen previsto los operadores en sus redes. Un incremento de 40% de tráfico y ha obligado a los operadores a ampliar sus capacidades con los proveedores internacionales para satisfacer y cumplir esta demanda extraordinaria que se ha dado en todo este periodo de tiempo de confinamiento.
¿Con un mayor incremento de demanda y el doble abono se podrá mantener la calidad del servicio?
Consideramos que esto antes de ser un beneficio para los usuarios finales como se plantea es decir que se los usuarios que recarguen crédito en sus líneas móviles va a generar una sobresaturación por congestionamiento en el tráfico que podría generar en algún momento un colapso de la red. Esta situación va a afectar a usuarios como a los mismos operadores. Es importante recalcar que los operadores están sufriendo una situación extrema debido a la prohibición de orden que tienen de acuerdo con lo que establece la Ley 1994 y el Decreto Supremo 4206, que señalan que los operadores no pueden cortar el servicio a aquellos usuarios que tienen facturas impagas de enero, febrero y marzo. Esto ha motivado a que la gente, debido al confinamiento, no haya podido cumplir con estas obligaciones y no estén pagando sus facturas.
¿Cuál es el efecto del impago de facturas?
Nos ha llevado a una previsión de incobrables de 85%, con lo cual este efecto ha generado una iliquidez que está poniendo en riesgo a las operaciones y hay obligaciones que se tienen con proveedores internacionales y nacionales para garantizar con la continuidad de la prestación del servicio y funcionamiento. Con esta iliquidez y flujo de caja muy reducido, se está teniendo problemas para cumplir con los proveedores ya que no tienen un contrato de diferimiento de pago, esto podría conllevar con una o dos facturas sin pago por parte de los operadores y que los proveedores internacionales y nacionales suspendas su servicio; es decir una situación muy delicada que podría generar cortes intempestivos o una reducción de la calidad de servicio.
¿Cómo cumplirán los operadores con el doble abono tomando en cuenta las dificultades de facturas impagas?
La ley aplica a telefonía fija y móvil tanto en pre y postpago. En el caso de los usuarios prepago se establece que una vez que estos procedan a hacer una recarga, el operador tiene que duplicar el crédito correspondiente del monto original. Es decir carga 20 se abonan 40, esto existe con la doble carga o carguita feliz y está circunscrito a planes y paquetes que lanzan las telefónicas a manera de incentivar uso de servicios. La ley incentiva a que no van a ser días específicos sino cualquier día del mes y así mismo establece un tope de recarga de Bs 320, o sea que aquellos que carguen así van a tener una bonificación de otros Bs 320 llegando a Bs 640. Esto tiene una vigencia de 30 días posteriores a la recarga para hacer uso. Esta situación genera una sobrecarga de tráfico grande a la que ya ha sufrido las redes con el 40%, por el confinamiento que se encuentra la sociedad boliviana; por tanto, esto sería un golpe al tema económico de las empresas de tener que abonar de forma gratuita el monto que recargue un usuario. A diferencia de otros servicios básicos como agua, luz y gas, en lo que el Estado va a asumir un monto de la factura a través de disposiciones establecidas en la norma, pero para telecomunicaciones no se prevé quién va a asumir esta bonificación de 100% y por lo tanto se estaría cargando al propio operador. Con telefonía local, las cooperativas tendrían que aumentar en 50% los minutos libres en sus planes.
¿Sostuvieron reuniones para consensuar esta ley?
Desde que tomamos conocimiento de los proyectos de ley en la Cámara de Diputados hemos estando mandando notas y solicitando reuniones. Únicamente se nos dio una reunión con la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados. Dos días antes de la fecha para la sesión del pleno tuvimos reunión y enviamos nota a la Cámara de Diputados solicitando diferir el tratamiento y hasta concluir con una mesa técnica de la comisión de diputados y los operadores que permitan consenso de hacer esta ley viable y aplicable y que no permitan tanta afectación al usuario final por la congestión que se puede dar y la parte económica a las operadores, solo se tuvo una reunión donde se puede explicar en detalle y no hubo forma de llegar a un consenso. La ley ha sido remitida a la Cámara Alta y enviamos una nota a la presidenta para exponer motivos, propuestas y tratar de hallar un consenso que garantice los servicios de telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones está afectado y este golpe pone en riesgo las operaciones y prestaciones de servicios.
