El 93% de las industrias en el país prevé una caída en sus ventas por el impacto de la pandemia del coronavirus y el 74% no tramita el plan de créditos propuesto por el gobierno de Jeanine Áñez, por las dificultades para su acceso.
Son parte de los resultados de la encuesta llevada a cabo por la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (CADINPAZ), entre el 19 y 20 de mayo, para evaluar los efectos de 60 días de emergencia sanitaria.
De acuerdo con una nota de prensa, se realizaron 424 encuestas en el sector industrial manufacturero del país, “que representan alrededor del 80% del aparato productivo nacional considerando el nivel de ventas”.
“Entre sus hallazgos, figuran la alta paralización de actividades industriales a nivel nacional que genera problemas de iliquidez en las empresas para atender obligaciones salariales, crediticias, impositivas, entre otras obligaciones”.
La encuesta indica que el 55,9% de las industrias paralizó 100% de su capacidad instalada utilizada, el 22,9% lo hizo entre 61% a 80%, mientras que el 11,1% entre 41% y 60%, el 5,2% entre 21% y 40% y el restante 5%, entre 10% y 20%.
El 93% prevé una caída en sus ventas para este año, el 2% dice que subirán y el 5% pronostica ningún cambio. Además, el 29% señala que las ventas caerán entre 51% y 90%, y el 51% de las unidades productivas calcula que disminuirán entre 21% y 50%.
“Los créditos contraídos por el sector industrial anteriormente a la cuarentena del COVID-19 tienen un 75% de probabilidad de entrar en mora o ingresar en reprogramación en el sistema financiero”, añade el documento.
En cuanto al plan de crédito gubernamental dispuesto para pago de salarios y/o funcionamiento de operaciones, el 74% de las industrias no accedió o no tramita ello porque consideran que hay dificultades para el acceso a esta propuesta.
Asimismo, el 91% de las unidades productivas de este gremio prevé que por la paralización de actividades provocada por la crisis sanitaria del coronavirus se enfrentarán problemas para el pago de las obligaciones tributarias.
Paralelamente, el sector plantea seis medidas al Gobierno para hacer frente a estas dificultades. Primero, la flexibilidad tributaria, con la condonación, diferimiento y/o la reducción de alícuotas de impuestos.
Segundo, créditos con garantía estatal y/o diferimiento de pago de créditos bancarios en condiciones blandas de tasa de interés y plazos, aparte de un fondo estatal para la concesión de créditos.
Una tercera propuesta es el fomento a la producción y el consumo de los productos con el sello “hecho en Bolivia”, para aliviar la caída de la demanda de bienes y servicios.
Cuarto, plantear la flexibilidad laboral, que permita la negociación entre el empleador y el empleado para ajustar la demanda a la oferta laboral en el nuevo contexto de la recesión económica.
El gremio pide también aplicar medidas de bioseguridad para retornar al trabajo y aliviar la asfixia económica a las industrias. Y sexto, ajustar los salarios mediante la participación entre el Estado, el empresario y el trabajador. (05/06/2020)
