En inmediaciones de la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, sede de gobierno, este martes se llevaron a cabo protestas para exigir la devolución de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), presión a la que se sumó la Defensoría del Pueblo, pese a que el Gobierno respondió a un asambleísta que la medida no es recomendable.
El Movimiento de Emergencia Nacional por la devolución de los aportes de las AFP realiza movilizaciones en otras ciudades. Hay al menos cuatro proyectos de ley que apoyan la medida con diferentes porcentajes. Uno de ellos, de Edwin Rodríguez, senador disidente de Unidad Demócrata (UD), plantea que los desempleados accedan al 100% de sus aportes.
Precisamente el Gobierno respondió a Rodríguez sobre su propuesta. El asambleísta informó en julio que el Órgano Ejecutivo expresó su objeción porque, primero, se debe hacer una consulta con la Central Obrera Boliviana (COB); segundo, la devolución puede afectar a las jubilaciones colectivas y, tercero, el dinero se encuentra invertido en el sistema financiero.
Este martes, la Defensoría instó al Gobierno y el Legislativo definir medidas oportunas, razonables y proporcionales que garanticen la devolución de aportes a las AFP que demanda un movimiento de personas, asegurando que esta situación no menoscabe el actual sistema de seguridad social a largo plazo, señala una nota de prensa de esa entidad de derechos humanos.
“Si bien la institución defensorial está de acuerdo con la devolución de aportes a aquellas personas que lo requieran, considera que la citada devolución no puede ser realizada al 100%, y el porcentaje debe guardar una relación entre la devolución y la sostenibilidad del sistema de pensiones; sin embargo, estos parámetros y cualquier medida, deben ser producto de un diálogo sincero, bajo conceptos netamente técnicos que no contengan sesgos políticos”, afirmó la defensora Nadia Cruz.
Añadió que esta medida no debe beneficiar a los ciudadanos que actualmente cuentan con una renta, como tampoco las prestaciones de salud que perciben bajo su jubilación. Indicó que se requiere de un debate obligatorio que deben asumir el Legislativo y el Ejecutivo frente a la necesidad económica que enfrentan familias como resultado de la inestabilidad laboral que trajo consigo la pandemia COVID-19.
Esta medida ya fue asumida en países de la región, como Chile y Perú.
(01/09/2020)
