El Ministerio Público emitió la resolución de imputación formal en contra del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Herland Soliz por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El exfuncionario es acusado por posibles contrataciones irregulares durante la cuarentena. Debido a que no se presentó a la audiencia para asumir defensa, la resolución establece su detención preventiva en el penal de San Pedro.
El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó este lunes que el imputado emitió una resolución administrativa el pasado 31 de marzo mediante la cual presuntamente firmó contratos irregulares de manera directa, ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, para actividades hidrocarburíferas, administrativas de bienes y servicios, que eran necesarias para la estatal petrolera, según la denuncia interpuesta por la Unidad de Transparencia de esa institución.
Por su parte, el fiscal asignado al caso, Alexis Vilela, explicó que notificó por edicto, publicado el pasado 26 de agosto, para que el exfuncionario se presente ante la comisión de fiscales a brindar su declaración informativa dentro del proceso de investigación, en calidad de sindicado, y tenía cinco días para asumir su defensa en el proceso; sin embargo, no lo hizo y, de acuerdo a procedimiento, ahora se emitió la imputación.
«El imputado en su calidad de Presidente de YPFB, es quien firmó la Resolución Administrativa 78/2020, misma que no se adecua a las normas vigentes y es contradictoria al ordenamiento jurídico en relación a la forma de contrataciones que deben realizar las instituciones públicas, así también contradice el reglamento de contrataciones de Bienes y Servicios y la misma Constitución Política del Estado”, informó la Fiscalía de La Paz.
Denuncias
Soliz enfrenta una denuncia en La Paz por el proceso de contratación directa por emergencia de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones.
Asimismo, tiene una segunda denuncia en Santa Cruz por la adjudicación del servicio de provisión de alimentos a la empresa Newrest Bolivia Soporte por un costo unitario de Bs 416 por día para cada uno de los trabajadores de la petrolera estatal.
(21/09/2020)
