El Gobierno transitorio anunció que debido a “impedimentos fácticos y legales” no podrá atender el pedido del sector de no videntes para el pago de un bono de Bs 1.000, un alivio económico que reclaman para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Jorge Luis Vacaflor, identificó entre los impedimentos una “división” en el sector de los discapacitados.
“Hay un sector que si quiere el pago del bono y hay otro sector importante de personas con discapacidad que se opone total, completa y rotundamente al pago de ese bono, que ha sido una conquista de ellos y está destinado para programas y proyectos para el desarrollo de este sector”, dijo este domingo en una entrevista en Bolivia Tv.
El funcionario también explicó que el segundo impedimento para el pago del bono de discapacidad se refiere a la modificación de la normativa vigente y la elaboración de una nueva reglamentación, para la cual se requiere tiempo.
“También hay un problema legal, tendría que modificarse la ley que crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE). Nunca nos han traído un proyecto de ley, que deba ser debatido, y, en primer lugar, consensuado con todos los sectores discapacitados y, posteriormente, presentando a la Asamblea Legislativa”, detalló.
Ante esa situación, Vacaflor convocó al dialogo, con la mediación de la Iglesia Católica, a los no videntes que cumplen una huelga de hambre, con el objetivo de elaborar una agenda de reivindicaciones del sector para su presentación a la próxima administración gubernamental que será elegida el 18 de octubre.
El sector de los no videntes mantiene desde el pasado lunes una movilización en La Paz y una huelga de hambre en demanda del pago del bono único de Bs 1.000 para sobrellevar la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.
Reclama al Gobierno que para el pago de ese beneficio se utilicen los recursos económicos del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE) que cuenta con Bs 40 millones.
Según el director general de Personas con Discapacidad del Ministerio de Justicia, Ricardo Maldonado, las medidas de presión de ese sector responden a afanes políticos; en particular, identificó a una dirigente como candidata a una senaduría por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
(04/10/2020)
