El Censo de Población y Vivienda que debía realizarse el 2022 fue aplazado hasta el 2024 por falta de condiciones logísticas, financieras y técnicas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La decisión desató una serie de críticas y una amenaza de protestas articuladas con el movimiento cívico nacional porque aplaza aspectos centrales como redistribución de recursos económicos y escaños.
El director del INE, Humberto Arandia, informó que la preparación del censo toma al menos cuatro años y que el desfase se registró en 2019 cuando el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez descartó el documento precensal, “así de claro y simple”.
“Este proyecto puede tardar tres años y medio, entonces, estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante el 2024”, sostuvo Arandia durante una conferencia de prensa.
La decisión desató una serie de reacciones en el ámbito subnacional porque implicará aplazar aspectos como la redistribución de recursos económicos y escaños legislativos. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, informó que coordinará con el movimiento cívico de Bolivia acciones para “rechazar este intento del gobierno centralista”.
En El Alto, el concejal Javier Tarqui sugirió a la electa alcaldesa Eva Copa exigir al gobierno una compensación económica para afrontar la disminución del presupuesto edil debido a factores como la crisis en el sector de hidrocarburos.
Cobra más fuerza el reclamo cuando el INE presentó sus proyecciones de población, en las cuales Bolivia tiene este año 11.842.000 habitantes, 164.594 más que lo previsto en 2020, cuando llegaron a 11.677.406.
Las proyecciones por departamento ponen en primer lugar a Santa Cruz, con 3.363.400, seguido por La Paz, con 3.023.800; Cochabamba, 2.086.900; Potosí, 907.700; Chuquisaca, 654.000; Tarija, 591.800; Oruro; 548.500; Beni, 507.100, y Pando, con 158.700.
El electo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho advirtió que el aplazamiento del censo “puede generar confrontación e inestabilidad en el país; Luis Arce debe actuar responsablemente, tiene un año para organizar el censo”.
“Este retraso de 3 años quita a Santa Cruz recursos que corresponden a 800.000 habitantes más que viven en nuestra tierra desde el 2012”, explicó Camacho.
El 2012 se realizó el censo y el seguimiento debía realizarse el 2022. El alcalde electo de Santa Cruz Jhonny Fernández también cuestionó la decisión y de una declaratoria de emergencia.
