Oscar Ortiz, exministro del gobierno de Jeanine Áñez, se presentó este lunes en la Fiscalía de Santa Cruz para declarar en calidad de testigo por el caso Fundempresa en el marco de una proposición acusatoria interpuesta por el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Ha concluido mi declaración como testigo; atendí todas las consultas del Ministerio Público e indiqué, primero, que el decreto que se está cuestionando no fue firmado por mi persona porque ya no formaba parte del consejo de ministros y, segundo, ese decreto tampoco llegó a aplicarse porque el presidente Luis Arce ya lo derogó varios meses antes (de que entre en vigencia)”, dijo.
El 15 de marzo, Lima presentó cuatro proposiciones acusatorias en la Fiscalía General del Estado contra autoridades del gobierno transitorio, para que se analice la apertura de juicios de responsabilidades, y entre ellas está el caso Fundempresa.
En este proceso, la proposición fue presentada porque el gobierno de Áñez, a través del Decreto Supremo 4356 de 29 de septiembre de 2020, amplió, según el Ministro de Justicia, de manera “irregular” la concesión del registro de comercio por 15 años adicionales en favor de Fundempresa.
“Vale decir, hasta el 29 de septiembre de 2036 y, subsecuentemente a ello, autorizó al Ministerio de Desarrollo Productivo (…) la suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión, documento que no solo modificó el plazo de la concesión, sino también los porcentajes de distribución de los recursos entre el Estado y Fundempresa, en total inobservancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo 26215”, precisó entonces el Ministerio de Justicia, a través de una nota informativa.
Es así que “la proposición acusatoria se presentó contra la expresidenta Áñez y los exministros de Desarrollo Productivo, Abel Martínez y Adhemar Guzmán. (Pero) es difícil entender qué se está investigando porque (reitero que) el propio presidente Arce derogó el decreto que ampliaba la administración del registro de comercio (y ahora) Fundempresa seguirá administrando este registro hasta octubre de 2021 cuando vencerá los 20 años que había recibido como concesión, entonces, aquí se está haciendo un proceso por un decreto que ni siquiera se llegó a aplicar”, insistió Ortiz.
