Una investigación realizada por la actual Dirección de Transparencia Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reveló acciones irregulares en la petrolera estatal y sus subsidiarias con un daño económico de al menos $us 1,2 millones durante la administración de Herland Soliz y el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Por este hecho, YPFB iniciará acciones penales por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Según la petrolera estatal, la anterior administración, a través de la Resolución Ministerial 031-2020 del 23 de marzo de 2020, realizó el movimiento de recursos para el Plan Social de Prevención y Control de Contagios de Coronavirus COVID-19.
“Recomendar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias que, de manera extraordinaria e inmediata, destine recursos económicos necesarios para la compra de insumos médicos y material de prevención para la lucha contra el COVID-19, así como para las Unidades Médicas de Emergencia Contra el Coronavirus”, se lee en ese documento.
La directora de Transparencia de YPFB, Erika Chávez, explicó que “esta autoridad (Zamora) no tenía competencias para emitir esta resolución por lo que es ilegal”.
Según los datos de YPFB, las subsidiarias Transporte, Andina, Chaco, GTB, Transierra, Refinación, Air BP Bolivia y Logística desembolsaron $us 1,85 millones en diferentes porcentajes, de los cuales $us 1,21 millones fueron ejecutados.
Algunas de las irregularidades: Para ejecutar adquisiciones y compras para el UMEC-YPFB no se hizo cotizaciones ni licitaciones que permitan conocer si los precios pagados fueron competentes con los del mercado como establece cualquier tipo de contratación estatal. Además, en ninguno de los casos los bienes adquiridos por las subsidiarias y filiales entregados a YPFB ingresaron por almacenes, lo que evidencia el incumplimiento de procedimientos.
El presidente de YPFB, Wilson Zelaya, precisó que se instruyó a las empresas filiales y subsidiarias realizar auditorías internas para tener mayores detalles y responsabilidades de forma de presentar acciones legales contra los ejecutivos de empresas que han incumplido normativas.
