Dos expertos afirman que el proyecto de ley que alista el Gobierno para incluir a las plataformas digitales que ofrecen sus servicios en Bolivia, como Netflix, Amazon o YouTube, en el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un castigo al bolsillo, exagerado y está mal planteado en la actual situación.
Para el presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación en Bolivia (FUNDETIC), Luis Valle, el uso y aplicación que se le da a la tecnología en Bolivia “está focalizada al ámbito del ocio, entretenimiento y diversión; en pocas palabras, el país es un consumidor de servicios digitales”.
Este impuesto “puede generar distorsiones en el consumo de servicios digitales, que están siendo vitales para millones de usuarios en tiempo de pandemia, como los servicios de teleeducación, comercio electrónico de bienes y servicios esenciales, aplicaciones de movilidad y de delivery, servicios de streaming, teleconferencias, entre otros”, dijo.
“Aplicar un IVA en esta coyuntura implica castigar el bolsillo de los ciudadanos en el momento en que más necesitan consumir este tipo de servicios y tener la posibilidad de generar recursos, reactivar la economía y generar empleos (teletrabajo)”, insistió Valle.
El experto consideró que “los bancos no cuentan con los sistemas e información necesaria para determinar la base imponible del impuesto, esto debido a que muchas compañías de servicios digitales utilizan esquemas de cobros variables que pagan los usuarios en función a factores como: tiempo de consumo, uso, acceso, tipo de paquete, etc. Esto se nota con mucha frecuencia en los servicios de las apps de movilidad y de delivery. Pero toda esta información no es reflejada en el cobro de la tarjeta de crédito al usuario”.
A finales de abril, el Gobierno presentó el proyecto de ley para el cobro del IVA para que las compañías que ofertan sus servicios desde el exterior tributen como lo hacen las nacionales. El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, explicó que no es nada nuevo, y justificó que países vecinos ya cobran tributos a firmas transnacionales por el servicio de plataformas digitales.
El economista Alberto Bonadona sustentó lo dicho por Valle y piensa que actualmente se busca obtener impuestos “de actividades que en última instancia no sean significativas para toda la recaudación que espera el Gobierno”. “Creo que es una medida exagerada que no se la ha pensado debidamente; ésta es una época de gasto y no creo que sea de austeridad y de buscar nuevas formas de impuestos de manera tan particular cuando lo que se requiere es más gasto público”, observó.
“Los impuestos digitales no están identificando claramente el tema de la educación y, por lo tanto, todo lo que se refiera a libros, revistas, periódicos y cultura no deberían estar incluidos bajo ningún término; deberían estar exentos de impuestos”, recomendó el experto.
Este lunes, la Central Obrera Boliviana (COB) se pronunció sobre el tema y su secretario ejecutivo, Juan Carlos Guarachi, dijo que “no se permitirá que esto se cargue al usuario”. “Nosotros estamos en contra de que vaya un ‘impuestazo’ a la población”, cuestionó.
