Hasta el 28 de mayo, el Viceministerio de Tierras tiene plazo para definir si inicia una demanda legal ante el Tribunal Agroambiental en contra de exautoridades del gobierno transitorio por el caso de “irregularidades” en la autorización y titulación de más de 27.000 hectáreas de tierras fiscales a favor de la familia Marinkovic.
El anuncio fue realizado este martes en La Razón Radio por director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, quien anticipó que existe la documentación y las pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal, administrativa e inclusive civil de exautoridades por daño al Estado.
“Si el Tribunal Agroambiental, como la máxima autoridad de justicia del sector, confirma con estos indicios que sí hubo irregularidades, a partir de ese momento se abrirán los procesos que correspondan a exautoridades tanto del INRA, del Viceministerio de Tierras, como del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras”, además otras personas que hubieran participado en estos hechos ilícitos, precisó Núñez en el ‘streaming’ de La Razón.
Asimismo, el funcionario detalló que una parte de esas tierras corresponde al predio “Tierras Bajas del Norte”, ubicado en el municipio de San José de Chiquitos, y la otra, a la “Laguna Corazón”, situada en el municipio de Ascensión de Guarayos.
En el primer predio, durante 21 años de litigio, el INRA ha sostenido que solo se debe reconocer 5.000 hectáreas de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado. Sin embargo “durante el gobierno de facto se pretendió reconocer 21.839 hectáreas, afectando al Estado con una superficie de 16.839 hectáreas”, argumentó Nuñez.
En ese caso de “manera sospechosa, vulnerando procedimientos, acogiéndose al Decreto 4320, intentaron legalizar la totalidad de los predios”.
Complementó que en el caso de Laguna Corazón, el proceso de saneamiento se inició en 2000 y hasta 2019 “el INRA se mantuvo en reconocer 2.274 hectáreas (…). Sin embargo, durante el gobierno de facto durante un año se pretendió reconocer una superficie de 12.481 hectáreas, afectando al Estado con una superficie de 10.207”.
Es decir, entre Tierras Bajas del Norte y Laguna Corazón se pretendió apropiar o titular de forma “irregular” 27.000 hectáreas, que el INRA ha sostenido que deben declararse como tierras fiscales, concluyó la autoridad.
