Elizabeth G., exgerente Legal Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, fue aprehendida por efectivos policiales por estar sindicada en la compra con sobreprecio de 50 contenedores durante la cuarentena rígida decretada en 2019 a raíz de la pandemia del COVID-19.
Junto a Elizabth G. también fue aprehendida Ely C. por el mismo hecho irregular en 2020.
Según información, los contenedores debían funcionar como unidades médicas de emergencia para la atención a los enfermos de COVID-19.
Cada uno de los contenedores fue adquirido en hasta $us 280.000 y no funcionaron de acuerdo a lo planificado por las autoridades de ese entonces. Actualmente, el precio promedio de cada contenedor es de $us 10.000, reporto el periódico Extra.
El Ministerio de Hidrocarburos emitió el 23 de marzo de la Resolución Ministerial 031/2020 que determinaba “Recomendar a YPFB y sus empresas filiales y subsidiarias que, de manera extraordinaria e inmediata, destinen recursos económicos necesarios para la compra de insumos médicos y material de prevención para la lucha contra el COVID-19, así como para las Unidades Médicas de Emergencia contra el Coronavirus (programa UMEC)”.
Ese 23 de marzo, el entonces presidente de la petrolera estatal, Herland Soliz, remitió a algunas filiales y subsidiarias de YPFB Corporación notas instruyendo el inicio de procesos de contratación a proveedores específicos a partir de facturas y cotizaciones emitidas en fecha anterior, en este caso el 20 de marzo de 2020 a nombre de YPFB, tres días antes de que sea emitida la Resolución Ministerial 031/2020.
