Crece la presión sobre el proyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas con amenazas no solo desde el sector de los gremiales, sino también de los cooperativistas y choferes. Desde el Gobierno se descartó acceder a la demanda de “anulación” y se calificó de “tergiversación y mal información” lo que circula en torno a la iniciativa legal cuestionada.
«Esta norma no debería ser anulada ni mal informada, nos va a servir como un instrumento muy importante para conservar esa calidad de país confiable ante el mundo», respondió la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, frente a la presión en contra del proyecto de ley que sumó a más actores y amenazan con un nuevo paro.
El lunes se cumplió un paro cívico -convocado inicialmente por los gremiales y a los que se sumaron cívicos, expresidentes, partidos de oposición, plataformas ciudadanas y el llamado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade)- en contra del proyecto, porque sostienen que afectará sus derechos e incluso su patrimonio.
Dieron un plazo de tres días para que el Gobierno suspenda de forma definitiva su tratamiento. El dirigente de los gremiales Francisco Figueroa advirtió con un paro de 48 horas desde el lunes si hasta el viernes no es respondida su demanda, a la que se sumaron también, principalmente, los cívicos cruceños y otros sectores agrupados en un bloque de oposición política-cívica.
El dirigente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas, aseguró en la red Unitel que su equipo de abogados identificó unos 15 artículos del proyecto de ley que van en contra de su sector.
“Hemos dado el plazo de una semana al Gobierno, nuestro equipo jurídico ya realizó un estudio de la normativa y encontró más de 15 artículos que afectan a la ley General de Cooperativas, nosotros no podemos apoyar una normativa que afecta a nuestro sector”, advirtió.
Morales aseguró que sectores de la oposición “tergiversaron y sesgaron” articulados de la iniciativa legal y generaron temores infundados en la población.
“Lamentablemente se ha tergiversado y se ha mal informado sobre la ley, se han tomado artículos de la ley con una intencionalidad sesgada y cortada”, denunció y calificó de “falsa” la información de que la iniciativa legal deriva en pedido de facturas o revisión de patrimonio.
La iniciativa legal fue suspendida en su tratamiento legislativo, mientras está en curso un proceso de socialización para despejar dudas.
El dirigente de los choferes de la Federación Andina de El Alto, Víctor Tarqui, otorgó un plazo de 72 horas al Gobierno para archivar el proyecto de ley, porque aseguró afectará a su sector. Dijo que la próxima semana cumplirán un paro.
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco aseguró que la socialización no tiene plazos y que de ser necesario se hará modificaciones al proyecto de ley.
El proyecto de ley establece que tiene como objetivo “establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, así como implementar mecanismos de prevención contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.
Morales explicó que el secreto de confidencialidad está plenamente protegido para sectores como el periodístico.
