El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, planteó un diálogo para tratar los cuestionamientos de sectores sociales y políticos a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
“Lo correcto es un diálogo racional, sentarse a una mesa y evaluar los elementos, creo que esa es la forma correcta de construir la democracia, no es violentando el estado de derecho, la vida de agentes económicos, más aún en una reconstrucción económica”, reflexionó en una entrevista con Bolivia Tv.
En Santa Cruz se formó el lunes el bloque de oposición política-cívica, formado por comités cívicos, expresidentes, partidos políticos de oposición y el llamado Comité de Defensa de la Democracia (Conade). El sábado, en un comunicado, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, el Conade y el Comité Cívico Pro Santa Cruz anunciaron que se sumarán a las protestas convocadas por los gremiales.
Montenegro calificó de “ridiculez” las acciones de presión cuando el Gobierno hace esfuerzos por reconstruir la económica. “Creo que es un atentado contra la gente más humilde que vive el día a día, esto es político si ya no hay una voluntad de diálogo”.
Enfatizó en que el Gobierno siempre estará a favor del diálogo para evitar que posteriormente Bolivia sufra, como efecto de la falta de normativas de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, efectos negativos en operaciones de comercio exterior, giros o remesas, y los exportadores e importadores tengan dificultades para traer sus mercancías o hacer sus transacciones financieras.
La bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa presentó un proyecto de ley para abrogar la ley 1386 de estrategia nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas.
El proyecto de ley fue presentado ante la presidencia de la Cámara de Senadores.
Los gremiales exigen la anulación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, además de su anexo; para ello, dieron un plazo de 72 horas al Gobierno, tiempo que corre desde el lunes; caso contrario, anunciaron un paro indefinido desde el jueves.
En tanto, el sector gremial de Cochabamba anunció un paro de 48 horas a partir de mañana en demanda de la abrogación de la Ley 1386.
