Si bien hizo lobby para su aprobación, Óscar Ortiz, ministro de Economía en el gobierno de Jeanine Áñez, negó ante la Fiscalía haber participado en las operaciones ante el FMI para acceder al crédito de $us 327 millones, ya que los trámites ya se habían realizado cuando asumió su cargo.
“Fueron preguntas sobre las distintas fases de la operación; en realidad, yo fui ministro (de Economía) cuando esa operación ya había sido desarrollada”, explicó Ortiz, quien fue convocado en calidad de testigo por la Fiscalía que investiga el préstamo de 2020, que no contó con autorización del Legislativo.
Dijo que en sus declaraciones ante la comisión de fiscales indicó que esos recursos no fueron utilizados porque la Asamblea Legislativa no aprobó una ley que dé luz verde al crédito solicitado por el gobierno de Áñez para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19.
No obstante, Ortiz, quien fue primero ministro de Desarrollo Productivo y luego de Economía, pidió en su gestión al Legislativo aprobar el crédito externo y que “no asfixie económicamente al país”. “Necesitamos y hemos reiterado una y otra vez nuestra voluntad de trabajar de forma conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo para que se aprueben los créditos internacionales”, afirmó Ortiz en septiembre de 2020.
También, el 8 de septiembre de ese año, reiteró la solicitud ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, donde explicó los desembolsos de recursos durante la pandemia.
En esa misma línea, Áñez también demandó al Legislativo, que tenía mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), liberar créditos internacionales para la entrega del Bono Salud, entre otros propósitos. En abril de ese año, el gobierno transitorio solicitó al FMI un crédito concesional de $us 327 millones, sin autorización de la Asamblea.
Denuncia. Por este caso, el año pasado, el actual ministro de Justicia, Iván Lima, presentó la denuncia ante la Fiscalía en contra de Jeanine Áñez, el exministro de Economía José Luis Parada y el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Guillermo Aponte. Áñez incluso se arriesga a un juicio de responsabilidades por este hecho.
Asimismo, en el gobierno de Luis Arce, el BCB determinó la devolución de $us 346,7 millones al FMI ($us 24,3 millones de más por intereses, comisiones y variación cambiaria), por considerarlo un crédito irregular gestionado por “el gobierno de facto”.
Por este caso, también fue convocado el exministro Parada; sin embargo, no se presentó debido a que se encuentra afectado por el coronavirus. En abril del año pasado, la exautoridad ya se presentó a declarar por este hecho.
En esa oportunidad, Ortiz también se presentó a declarar, pero por el caso de Fundempresa, y dijo que él no firmó el Decreto 4356 que amplió “irregularmente”, por 15 años, la concesión del registro de comercio a Fundempresa.
