El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó este miércoles que el 95% de las empresas inmobiliarias que funcionan en el país son “informales” y que eso se debe a que el funcionamiento de ese tipo de negocios no cuenta con una reglamentación.
“En Bolivia tenemos como 2.500 inmobiliarias, de las cuales el 95% son informales. No existe una norma o regulación para que funcione una inmobiliaria”, dijo Silva en entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
El lunes se conoció un caso en el que al menos 100 personas denunciaron haber sido estafadas por una empresa inmobiliaria, a la que entregaron montos desde $us 20.000 hasta $us 200.000 por la compra de bienes inmuebles a bajos intereses y otro tipo de ventajas.
Silva afirmó que la regulación de ese tipo de empresas es “un problema estructural” y que compete a instituciones como Derechos Reales y los gobiernos municipales, los que deben “fortalecer sus controles” para que tanto inmobiliarias como loteadores no generen “inseguridad jurídica”.
Aseguró que, desde su despacho, se presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que regule el funcionamiento de ese tipo de actividades.
“Estamos trabajando para presentar un proyecto que regule a las inmobiliarias en nuestro país, en coordinación con las administraciones municipales, quienes tienen la atribución directa sobre el territorio local”, añadió.
Cuestionó la tarea de las alcaldías, particularmente de La Paz, que “aprobó una ley municipal que permite la regularización de construcciones que no cumplen los requisitos”.
“Por (las zonas de) Mallasilla y Achocalla están terraceando el cerro y ofrecen lotes, cuando, por norma, a 1.000 metros de un relleno sanitario no puede haber construcciones”, reclamó.
