La jueza agroambiental Cindy Laura Arnez rechazó la demanda agraria interpuesta por la familia Baldivieso Vacaflor, que denunció al consorcio que opera en el bloque petrolero San Alberto, en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, por el uso supuestamente indebido de más de 500 hectáreas ubicadas en parte del bloque San Alberto.
El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, celebró esa decisión.
Dicha familia hizo la denuncia con el argumento de que el espacio en que opera la empresa Petrobras Bolivia SA, y que tiene como socios a YPFB- Andina y Total de Francia, le pertenece y exigía el pago de $us 61 millones por ese uso.
“La jueza Arnez indicó de manera expresa y categórica en la resolución de rechazo que el demandante no acreditó con documentación idónea su calidad de propietario sobre el terreno o predio objeto del litigio, toda vez que definitivamente no existe un derecho perfeccionado respecto a dicho terreno”, reseña parte de una nota institucional publicada este sábado.
El campo San Alberto comenzó actividades en el año 2000; desde entonces se dedica a la producción gas y petróleo.
“De acuerdo a la documentación que cursa en el expediente, (esa familia) nunca tuvo el derecho propietario y, por tanto, jamás estuvo en posesión de ese predio, sin embargo, quería cobrar esa cuantiosa suma de dinero”, complementa la nota.
