El presidente de la Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia (CNIB), Carlos Terrazas, busca que todas las empresas o sectores que se dedican a este rubro sean formales, ya que muchas que no están registradas llegan a estafar a las personas que demandan un bien inmueble, o quienes son los desarrolladores inmobiliarios por parte de dueños de predios a comercializar.
“Para eso ha nacido la Cámara, para ayudar a formalizar a este sector, para evitar lo que ahora quiere evitar el Gobierno, evitar las estafas de los clientes y de las personas de nuestra sociedad cuando compran un bien inmueble. Mucha gente ha sido estafada, entonces queremos ayudar a minimizar este riesgo y se lo hace de esa forma, formalizando todo lo que se puede del sector”, dijo Terrazas.
Explicó que, como en Bolivia no se tiene un registro general de compañías dedicadas a la compra y venta de bienes inmuebles, ese es un tema prioritario de la entidad que dirige para que cada agente inmobiliario tenga su Número de Identificación Tributaria (NIT). También se busca que el personal de estas empresas tenga una preparación universitaria adecuada formal para este tipo de negocios en el país.
Entre las empresas formales dedicadas al rubro inmobiliario y afiliadas a la CNIB están: Concrecruz SRL, Terracor Inversiones SRL, Empresa de Movimientos de Tierras y Construcción (Emovit) SRL, Corredor Inmobiliario (Inmobol), Récord Bienes Raíces Oruro, Riss Inversiones y Bitcasa, entre otras.
DATOS.
Terrazas señaló que la CNIB, al ser una institución nueva, ya que fue creada en 2019, no cuenta con datos sobre el movimiento económico que genera el sector. No obstante, se basan en datos de permisos de construcción y legalización por parte de los gobiernos municipales.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta marzo de este año se aprobaron permisos de planos, legalizaciones y regulaciones de construcciones en un total de 1.055 en el territorio nacional.
Mientras que en 2021 se registró la aprobación de 5.423, con un crecimiento del 34% respecto a 2020, cuando se tuvo 4.049 trámites. (Ver cuadro inferior)
“Las empresas que trabajamos con formalidad seguimos todos los pasos que la ley nos franquea para las aprobaciones, para las ventas, para los contratos, etcétera”, indicó Terrazas.
Se sancionará a funcionarios que retarden trámites
Para evitar que haya una retardación en los procedimientos administrativos en la adquisición de permisos y certificaciones por parte de los gobiernos departamentales, municipales y de Derechos Reales, en la realización de trámites urbanísticos inmobiliarios que hay en el país, el Gobierno advirtió con iniciar procesos penales contra estos funcionarios.
“Hay una corrupción que ha sido denunciada, (por lo que) vamos a actuar en estos casos como denunciantes en la medida que evidenciemos un acto administrativo que está perjudicando al usuario, al consumidor, pero también al proveedor del servicio sin ningún tipo de justificación; estamos hablando de un incumplimiento de deberes por parte de los servidores públicos, por lo tanto vamos a exigir que los plazos establecidos en el procedimiento, en el reglamento, de cada institución se cumplan”, anunció a LA RAZÓN el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
También dijo que se exigirá a las instancias encargadas de realizar los trámites, cumplir con los plazos establecidos en el reglamento de cada entidad. Además, afirmó que se tendrá reuniones con el sistema asociativo municipal, a fin de hacer conocer las preocupaciones de los sectores inmobiliarios y ofrecerles apoyo técnico para que se subsanen esos procedimientos burocráticos.
Según el presidente de la Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia (CNIB), Carlos Terrazas, en las alcaldías, como en Santa Cruz, y en Derechos Reales es donde se generan “cuellos de botella” en la aprobación de los proyectos de construcción inmobiliaria. Asimismo, dijo que existe una inseguridad jurídica en el país, lo que ahuyenta a las empresas a invertir.
“La corrupción en nuestro país es tanta que hay mucha documentación fraudulenta, de cosas en Derechos Reales que no están bien hechas, hay certificados falsificados, cosas así que permiten que haya estafas (…) Tenemos muchos problemas derivados de los cuellos de botella que genera la construcción para aprobar los proyectos y por la inseguridad jurídica que genera aprobaciones y desaprobaciones”, complementó.
El empresario espera que el Decreto Supremo 4732 permita agilizar esos procedimientos, ya que el Gobierno, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, exigirá documentación, como tener los papeles al día para iniciar la preventa de los bienes inmuebles que sean ofrecidos a la población demandante de casas, departamentos, entre otros inmuebles.
