De los 311 productos, entre auditorías y supervisiones, que la Contraloría General del Estado realizó en la gestión 2016, la cifra llegó a 795 en 2021, lo que implica que casi se triplicó.
“Hemos mejorado mucho lo que es la evaluación de las auditorías internas y también nuestra capacidad productiva; sin mayor presupuesto, tenemos más abogados, ingenieros y auditores financieros. Cuando asumí eran 546 servidores públicos y ahora son 600”, informó el contralor Henry Ara, en entrevista con LA RAZÓN.
Mencionó que el presupuesto que manejan cada año es entre “105 y 110 millones de bolivianos” y “casi el 75% es planilla salarial”.
Respecto a los productos que generan, explicó que son auditorías especiales, operacionales y financieras; además de supervisiones, informes de confiabilidad, notas de inicios de procesos administrativos y seguimiento a las recomendaciones que efectúa, entre otros (ver infografía). Emitió 642, 600 y 795 entre 2019, 2020 y 2021, respectivamente.
CONTROL.
Ara sostuvo que ese trabajo fue hecho por funcionarios de las siete subcontralorías que tienen representaciones en otros departamentos del país. Sobre la verificación de los registros de acciones judiciales, requerimientos de pago y contratos hechos por las entidades públicas y empresas estratégicas, en 2020 fue cuando más casos se atendieron, con 24.566.
En esa línea, con 50.836, 14.470 y 11.450 reportes, La Paz, Tarija y Oruro, respectivamente, son los departamentos que registran más casos (ver infografía).
“A veces pedimos información a las entidades públicas, sin embargo, no nos las dan, hay que buscar otros mecanismos, ver quién estaba a cargo y pedir a los ministerios o el contratista hasta tener la documentación que pueda establecer que hubo una contravención”, detalló el Contralor.
En una auditoría especial — efectuada entre 2013 y marzo de 2019— del cumplimiento del plazo contractual y de las pólizas de garantías de la construcción del edificio de la carrera de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Pública de El Alto, “hubo incumplimiento de contrato”. Se observó un presunto daño económico de Bs 11.248.190.
En otro caso, entre 2013 y 2017, hubo una auditoría al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz por la ejecución física del proyecto “Construcción del plan de pavimentación de vías por distrito, tercera etapa”. Se determinó que existió “ampliaciones de plazo sin sustento contractual” y el presunto daño económico, según indicios de responsabilidad civil, fue de Bs 24.132.446.
“También hemos encontrado desviaciones en los ministerios. La Contraloría notifica a los responsables, son hallazgos que deben mantenerse y remitimos para que vayan a proceso, como el Órgano Judicial o Ministerio Público”, detalló Ara. Añadió que actúan cuando ven datos “no confiables”.
La Asamblea comenzó el proceso para designar al reemplazante de Ara, empero, no hay acuerdos entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y los frentes de oposición, por lo que se prevé que no se llegue a buen puerto, como pasó con la Defensoría del Pueblo.
Subcontralorias
Comites de control interno de 2019 a 2021
- Entidades de gobiernos departamentales: 54.
- Gobiernos municipales y universidades: 501.
- Subcontraloria del nivel central: 89.
- Empresas publicas: 62.
Declaraciones juradas de bienes y rentas
- Tradicional, el servidor publico puede ingresar al sistema con su cuenta.
- Digital, se llena un formulario y no hay la necesidad de presentarse fisicamente.
- Desde 2016 a mayo de 2022 se efectuaron 1.257.599 declaraciones.
Información sobre solvencia con el fisco
- En ese mismo periodo se entregaron 291.091 certificados. La mayoria en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de Sierra.
