El Gobierno y los trabajadores mineros de Huanuni (Oruro) y Colquiri (La Paz) trabajarán en la redacción de un nuevo decreto para establecer la transferencia de una parte de las utilidades de todas las empresas estatales para el pago de los bonos sociales Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad.
La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró que el acuerdo alcanzado la madrugada del jueves con los mineros de Huanuni establece abrogar varios artículos del Decreto 4783 referidos a la transferencia de parte de sus utilidades al pago de los bonos.
El acuerdo establece que se redactará una nueva norma de manera conjunta para que no haya observaciones posteriormente.
“Tenemos que hacer una coordinación, dependiendo del tipo de empresas y una vez que se derogue (el anterior decreto) nosotros ya vamos a empezar a trabajar en este nuevo decreto”, dijo la autoridad a La Razón Radio.
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Eso permitirá juntar “todos estos aspectos y establecerlos en el decreto mismo y no en otra instancia reglamentaria que eso también era lo que observaban nuestros compañeros”, añadió.
Explicó que el Decreto 4783 establecía la transferencia de parte de las utilidades de las empresas públicas al Tesoro General de la Nación (TGN) y daba a conocer la participación de cada una de ellas para el pago de los bonos en montos, porcentajes y dependiendo de sus ganancias.
La norma era más general, para todas las estatales, y no como a la fecha se lo hace, que es empresa por empresa para cada uno de los bonos.
“Esta norma, la que han pedido su derogación, ordenaba y permitía que las empresas conozcan anticipadamente cuál debería ser y cómo debería ser su participación en los diferentes bonos”, explicó Espinoza.
“Antes lo hacíamos de manera separada, esto es general, permite ordenar una forma de transferencia”, añadió.
A finales de septiembre, los mineros de Colquiri protagonizaron un bloque de camiones en La Paz en rechazo al Decreto 4783 y al funcionamiento de la Gestora. Ante esas demandas, el Gobierno se reunió con este sector y la pasada semana se llegó a un acuerdo, en el que se determinó la derogación de los artículos observados de la norma.
No obstante, esta semana, los mineros de Huanuni, con el mismo argumento, colapsaron el centro de la ciudad de La Paz, es así que la madrugada del jueves, tras varias horas de diálogo con el Gobierno, se llegó a un acuerdo que también establecía la derogación de los artículos observados del decreto 4783.
“Ellos decían, pensaban que, en una primera instancia, iba la totalidad de las utilidades (al pago de los bonos), que iba a hacer una transferencia automática, se iba a debitar automáticamente de sus cuentas, de ninguna manera es así, esa era una información errada, equivocada que se les ha aclarado”, indicó.
Dijo que una vez que salga el decreto de derogación de los artículos observados, en un plazo de 15, se elaborará de manera concertada otra normativa para que se haga la transferencia de una parte de sus utilidades para el pago de los bonos.
También aclaró que no se podía abrogar el Decreto 4783 porque había otros artículos que determinan que las multas que aplique la Autoridad del Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) serán destinadas al pago de los bonos sociales.
“No se podía abrogar porque ahí había artículos sobre las transferencias que se hace al Tesoro para el pago de estos bonos y, además, a lo que hace a las multas de la Asfi que van a ir también a ser utilizadas en el pago de los bonos”.
Por tanto, se trabajará de manera conjunta con los trabajadores la redacción de la nueva norma para que no haya malas interpretaciones, como ha ocurrido y no se afecte a sus utilidades para la reinversión.
“Ellos quieren que en el decreto supremo se establezcan todos esos aspectos para que no haya interpretaciones diferentes. Para que ellos no sientan que en algún momento puedan vulnerarse las tareas que desarrollar para el crecimiento de las empresas públicas de las que ellos forman parte”, apuntó.
El Gobierno emitió el miércoles el decreto 4807 que establece el pago del bono Juancito Pinto, norma que destina más de Bs 473 millones, con recursos aportados por 25 empresas públicas, entre ellas las mineras Huanuni y Colquiri con Bs 10 millones y Bs 5 millones respectivamente.
La principal empresa estatal que aporta para este beneficio social para los estudiantes de primaria y secundaria de las unidades públicas y de convenio del país es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con Bs 220 millones.
