Frente al conflicto cívico y político en Santa Cruz, que ya lleva 30 días de paro, y por los fenómenos naturales que ocurrieron en otras regiones del país, la Asfi anunció una reprogramación de créditos en todo el país.
«Hemos realizado un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia (BCB), como entes rectores”, dijo el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra.
“Hemos emitido el 11 de noviembre la carta circular 13514/2022 que establece la obligación para las instituciones financieras de atender solicitudes de reprogramación de todos quienes han sido afectados por esta situación económica, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país», explicó en BTV.
Este domingo se cumplen 30 días de paro cívico en Santa Cruz, en demanda de un Censo para el 2023. Pese a diversas reuniones, cumbres y mesas técnicas, la dirigencia cívica mantiene la medida.
Sin embargo, hay sectores que manifestaron que no pueden aguantar más la medida, como los gremiales, microempresarios y transportistas que, además, piden que ahora se les apoye con la reprogramación de sus deudas.
En respuesta a este pedido, la Asfi determinó instruir a las entidades financieras esta reprogramación, pero no solo en Santa Cruz, también en todo el país.
«El prestatario puede con su entidad financiera renegociar las condiciones y plazos del préstamo. Esto no afectará a su historial», añadió Yujra.
El ejecutivo de la Asfi insistió en que se trata de una reprogramación y no de un diferimiento como ocurrió en 2020.
Para todos
Igualmente, aclaró que la disposición tiene un alcance nacional para todos los prestatarios que presentan problemas en el pago de sus créditos, ya sea por sequias, incendios y, desde luego, por el paro cívico.
La demanda del Censo en 2023 lleva 30 días de paro en Santa Cruz y más de cuatro meses de debate, pero nada convence a la dirigencia cívica, pese a los llamados de poner fin a la medida, incluso de la misma iglesia Católica.
El Gobierno ya emitió un decreto que fija el día del Censo para marzo de 2023 y la entrega de los resultados en septiembre de ese año tanto para la redistribución de recursos como para los nuevos escaños.
Incluso la Asamblea Legislativa comprometió una ley en este sentido, pero la dirigencia cívica insiste en Censo en 2023 y se resiste a levantar el paro.
Las pérdidas son millonarias, $us 1.080 millones en general, $us 70 millones para la microempresa y $us 30 millones para el sector gremial.
