A través de un video se ve que efectivos militares firman un acuerdo, el 5 de este mes, con pobladores del municipio de Calamarca, departamento de La Paz, para que no se comisen los vehículos indocumentados y puedan circular en las comunidades de esa región.
Desde la Aduana Nacional, se aseguró que el personal aduanero y militar fue presionado para firmar el documento ya que hubo amenazas contra la vida de los efectivos.
Según el video, el efectivo militar que lee el acta, indicó que se otorgará un permiso especial por parte de las autoridades de las comunidades para que puedan circular los motorizados ilegales.
“En acta de compromiso se determina que personal de la Aduana Nacional y personal del Ejército se compromete a no comisar vehículos sin registro de pobladores y comunarios del municipio de la cuarta sección de Calamarca, provincia Aroma, estén en movimiento o estacionados en sus carreteras o chacras”, lee el uniformado.
Añadió que, en las comunidades de la Joya, villa remedios, Jocuri, Minacho, Pasto Grande, Choritotora, Chocorosi, Caluyo, Vilaque, San Antonio, Machacamarca, Totorani, Sapahaqui y otras aledañas podrán circular los motorizados indocumentados.
Los choferes sindicalizados en ese municipio, como el servicio público de taxis, al igual que cualquier propietario de chutos, deben portar la autorización.
Aclaración
El gerente regional de la Aduana La Paz, Antonio Martínez, aclaró que el personal aduanero y militar, tras identificar vehículos indocumentados en inmediaciones de Calamarca, hizo la persecución, pero fueron interceptados por los comunarios y llevados con violencia a un poblado.
De acuerdo con el reporte del personal del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA), los funcionarios fueron extorsionados, incluso amenazados, por lo que firmaron un acta el cual establece la circulación de sus motorizados indocumentados en varias comunidades de Calamarca.
“Ellos han tenido que recurrir a una localidad cercana, entiendo que al municipio para que intercedan y puedan salir de la comunidad, pero fruto de esta presión, estando en riesgo sus vidas, por seguridad entiendo que ahí se hace redactar y firmar esta acta”, dijo a Radio Fides.
En tanto, la responsable jurídica de la Aduana Nacional, Johana Cortez, afirmó que los comunarios elaboraron el documento “a su gusto” y bajo presión y amenazas, los funcionarios firmaron el acta.
Ante ese hecho, se iniciarán las acciones legales que correspondan tras los análisis que se realizarán a este caso.
“Han tratado, con ese documento legalizar actos que son totalmente contrarios a la ley (…) Ese compromiso no tiene ningún valor legal, en absoluto”, indicó Cortez
