Comunidad Ciudadana (CC) denunció que el juez de sentencia penal Ernesto Machuchapi rechazó la objeción a la querella presentada por David Moscoso, socio de la empresa Quiborax. Con esa determinación, indicó que se dio luz verde para enjuiciar al expresidente Carlos Mesa y al actual diputado Carlos Alarcón.
Alarcón informó que el juicio pretende inhabilitar políticamente a Carlos Mesa y expulsarlo a él de la Asamblea Legislativa.
Según el diputado, hubo muchas irregularidades en la decisión del juez. Por ejemplo, no consideró que la querella criminaliza en derecho a la defensa de Mesa en el juicio de Quiborax.
“El juez no tomó en cuenta que Moscoso no presentó prueba de la publicación obligatoria en un medio de comunicación de la absolución inconstitucional que hizo el TSJ a su favor”, escribió Alarcón en su cuenta de redes sociales.
Mesa denunciado
Tampoco consideró, según el legislador, que la absolución inconstitucional de Moscoso hecha por el Tribunal Supremo de Justicia no está resuelta, porque hay pendiente un amparo constitucional presentado por la Autoridad de Fiscalización de Empresas.
“Se trata de una serie de aspectos que no han sido tomados en cuenta y que nos demuestran claramente que la Justicia opera políticamente, para perseguir y anular a la oposición”.
En enero pasado, Mesa y su abogado, precisamente Alarcón, fueron denunciados penalmente por los delitos de injuria, calumnia y difamación por el caso Quiborax.
El denunciante es David Moscoso, uno de los socios de la empresa, a quien Mesa calificó como uno de los responsables de falsificar documentos, lo que dio vía libre a un juicio contra el Estado. Ese arbitraje le costó al Estado $us 42,6 millones.
Mesa y Alarcón presentaron una objeción a la querella; sin embargo, esta fue rechazada.
Hace unos días, el expresidente Mesa se adelantó al fallo que en los próximos días emitirá el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el caso Quiborax y dijo que ratificará la “definitiva impunidad” de Moscoso.
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El caso
En 2004, el entonces presidente Mesa revirtió las concesiones mineras que tenía Quiborax en el salar de Uyuni.
Luego, la empresa chilena Non Metallic Minerals acudió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y Bolivia perdió el proceso.
En 2018, durante la administración de Evo Morales, el Estado boliviano pagó $us 42,6 millones de indemnización.
En septiembre de 2021, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa aprobó el juicio de responsabilidades contra Mesa.
El proceso busca la sanción por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
