A un mes y nueve días del inicio total de la Gestora Pública, algunos sectores marcharon este miércoles en rechazo al funcionamiento de la entidad estatal y pidieron que un referéndum defina esa situación. La Gestora respondió que la demanda es inconstitucional.
Para el 15 de mayo está previsto que la Gestora Pública administre la totalidad del Sistema Integral de Pensiones (SIP) en reemplazo de las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Futuro de Bolivia y BBVA Previsión.
No obstante, ayer sectores como los profesionales, jubilados, médicos, gremiales, entre otros, se movilizaron en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí en rechazo del inicio de operaciones de la Gestora.
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Además, pidieron que se realice un referéndum para que sean los trabajadores aportantes quienes decidan si sus recursos son o no administrados por el Gobierno.
Los movilizados afirmaron que la Gestora “va a ser una caja chica del gobierno” y que el ahorro de toda su vida “corre riesgo”. Este extremo fue rechazado por ejecutivos de la oficina pública.
GESTORA
“Nos debe preocupar a todos los bolivianos. Por decisiones de este Gobierno, las AFP van a dejar de trabajar con los aportes de los trabajadores”, dijo a los medios el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.
En respuesta, el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, rechazó la propuesta de referéndum, debido a que “contradice lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE)”.
“Es competencia exclusiva del nivel central del Estado el Régimen de Seguridad Social (…). No podrá someterse a referendo, entre otros, las competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas Establecidas en la CPE”, dijo Durán citando a la Ley 026 de Régimen Electoral.
En ese sentido, afirmó que la propuesta, “no tiene un sustento legal”. También desmintió versiones, especialmente políticas, que señalan que el Gobierno interviene los aportes para el uso arbitrarios de los recursos.
“No vamos a disponer de forma arbitraria de los recursos de los trabajadores (…). Vamos a buscar los mejores rendimientos y minimizar los riesgos de la población aportante”, respondió Durán.
NORMA
Además, justificó que el numeral 16 del parágrafo II del Artículo 298 de la CPE señala que es competencia exclusiva del Nivel Central del Estado el “Régimen de Seguridad Social”, dentro del cual se encuentra el Régimen de Seguridad Social integrado por el SIP.
Asimismo, la norma mayor establece en el artículo 45, parágrafo II, que “la dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social”; añadiéndose en el parágrafo VI que “los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados.”
En dicho marco normativo se considera como competencia exclusiva la administración de los recursos de los aportantes y jubilados al SIP. Lo que se refleja en el artículo 147 de la Ley 065 de Pensiones, que indica que “la administración del Sistema Integral de Pensiones estará a cargo de una Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo”.
La migración de datos de los aportantes desde las AFP a la Gestora alcanzó el 90%; y se prevé que “en corto tiempo” el proceso esté completo. A partir del 15 de mayo, la Gestora administrará plenamente los aportes y las jubilaciones. En tanto, la salida de las AFP de la gestión del SIP será gradual en cinco años.
