Las empresas privadas que ejecuten obras, bienes y servicios para los distintos niveles del Estado podrán levantar “voluntariamente” su secreto bancario para que se fiscalice el manejo económico de esos fondos. Sin embargo, esa fiscalización no abarca al 100% de la empresa, sino que se aplicará solo a los recursos de ese contrato.
Es uno de los artículos que está incluido en el anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción. El documento fue presentado este lunes por el presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa.
El ministro de Justicia, Iván Lima, remarcó que esta renuncia al secreto bancario de las empresas es voluntaria; sin embargo, el Gobierno publicará una lista de “integridad empresarial”, en la que se enumerará a las compañías que trabajan con el Gobierno y aceptaron esta fiscalización. Las que no acepten este control también integrarán otra nómina que será pública.
El control de recursos será solo para el monto de la obra o bien ejecutado; para lo cual la empresa deberá abrir una cuenta exclusiva para el depósito del pago acordado en el contrato. El resto de los recursos económicos de esas empresas no será fiscalizado, para resguardar su información y la del sistema financiero.
Secreto bancario
“En la cláusula 6 dice que las empresas que suscriban contratos de obras, bienes y servicios públicos podrán aperturar una cuenta bancaria. Y autorizar el acceso a la información de la misma es voluntario. Nosotros vamos a incentivar a que entreguen la información; las empresas que cumplan formarán parte de una lista de integridad empresarial que será publicada por el Viceministerio de Transparencia y también las que no están”, explicó Lima.
“Abrirán una cuenta exclusiva para el ingreso de ese dinero y su gasto. Supervisaremos a dónde va ese dinero, una permanente revisión a esa cuenta en un ámbito de acceso a la información de todos los bolivianos. Vamos a levantar una lista de integridad de empresas. El pueblo va a saber qué empresas acceden a la transparencia y el control, y cuáles no quieren”.
La autoridad remarcó que no se obligará a ninguna empresa a renunciar al secreto bancario, pues iría contra lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.
Reserva confidencial
El artículo 5 de la norma, “Publicidad de la Información Patrimonial”, remarca también que ningún funcionario público podrá alegar reserva confidencial.
“Ningún funcionario público podrá alegar ahora reserva confidencial ni ninguna reserva de información, cuentas abiertas de todos los funcionarios públicos del Estados. Todos tienen la obligación”.
El Gobierno presentó la mañana de este lunes el proyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos Para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción. El objetivo de esa propuesta es “conseguir mayores niveles de transparencia institucional”.
