La Aduana Nacional Regional La Paz comisó 24 toneladas de mercadería ilegal entre cigarrillos y ropa usada en dos operativos. Las intervenciones se efectuaron en Achica Arriba (ingreso a El Alto) y carretera a Tambo Quemado (Oruro).
La gerente regional de Aduana La Paz, Giovanna Cortes, informó que las cajas de cigarrillo provienen de Paraguay y los 375 fardos de ropa usada, de Chile, todos valorados en Bs 575.000.
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“Lo que tiene que saber la población es que estos dos tipos de mercancías están prohibidos porque son nocivos para la salud, no cuentan con la certificación sanitaria y es por ese motivo que se ha comisado. Al margen de que al momento de la intervención (los cigarrillos) no contaba con la documentación para su legal importación”, dijo Cortes.
En el caso de los cigarrillos se estableció un valor del tributo omitido, que asciende a aproximadamente a Bs 238.000, y se comisaron 4,7 millones de unidades de diferentes marcas y fabricadas en Paraguay.
De acuerdo con el artículo 9 del Decreto Supremo 29376, está prohibida la fabricación, venta e importación de productos de tabaco que no muestren la información exigida; es decir, frases de advertencia proporcionadas anualmente por el Ministerio de Salud y Deportes.
Asimismo, la ropa usada es considerada mercancía prohibida de importación, conforme al artículo 117 del Decreto Supremo 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas, y la Ley 615 que modifica el Código Tributario.
El primer operativo se desarrolló el 8 de julio luego de una denuncia anónima que advirtió sobre un camión tráiler que trasladaba mercancía de contrabando por la carretera Achica Arriba-La Paz.
El segundo operativo interceptó un camión Volvo (con placa de control 1657-UHL) en la carretera a Tambo Quemado. En su interior transportaba 375 fardos de ropa usada equivalentes a Bs 336.520. Tanto el vehículo como las 18 toneladas de mercancía fueron trasladados a Aduana Interior, ubicada en la ciudad de El Alto.
En septiembre, los dos tipos de mercancía prohibida (ropa usada y cigarrillos) serán inutilizados y destruidos de forma directa por no contar con registro sanitario. Pusieron en riesgo la salud de la población y la economía de las familias.
