En el primer semestre del año, la dirección de Recursos Naturales del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) envió informes sobre al menos 20 áreas donde existe minería ilegal; sin embargo, en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) no les respondieron.
Luis Saucedo, director de esa unidad, explicó este miércoles que como Gobernación realizan un trabajo de control, fiscalización y determinan el impacto que puede ocasionar esta actividad; sin embargo, son otras instancias las llamadas por ley para actuar contra el ilícito.
“El nivel central juega un papel fundamental por su tuición. Tengo un reporte de que se han hecho 20 informes por lo menos a lo largo de este semestre, los cuales no han sido contestados por la AJAM, ellos tendrían que acudir. Vemos una suerte de minería ilegal, mandamos el informe y ellos deberían acudir de oficio”, dijo Saucedo en RTP.
La autoridad indicó que como Gobernación informan en las poblaciones el impacto negativo que puede causar la minería ilegal y sobre todo el uso del mercurio. Pero el control del tema recae con mayor fuerza en el gobierno central.
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Minería y mercurio
“Como Gobernación hacemos un control y fiscalización y determinamos algún impacto que pudiera ocasionar estas sustancias. Pero nosotros solo determinamos técnicamente y mandamos a las instancias correspondientes”.
Lamentó que en muchas poblaciones se permita la existencia de minería ilegal por acuerdo entre pobladores y cooperativistas mineras. “Tampoco podemos ir en contra de eso, se les informa, se les dice cuáles son los daños que pueden causarles, pero es una decisión social. Es más importante lo que estoy generando económicamente o el destino de mis hijos, esa es la pregunta que tenemos que hacernos”, cuestionó.
Asimismo, pidió al Gobierno ejercer mayor control sobre la venta del mercurio, un producto que daña el medioambiente y la salud.
