El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el Gobierno procesará al juez boliviano Gustavo García Brito, miembro del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por fallar en contra del país y a favor de Perú, que obliga a Bolivia a vender sus combustibles a precio subvencionado a choferes peruanos como a los choferes bolivianos.
“Yo voy a continuar con las acciones penales contra este juez, porque me parece que, además de haber cometido un acto irregular, el cual vamos a representar vía Cancillería y por los mecanismos que tiene nuestra Comunidad Andina de Naciones, vamos a tener siempre un respeto profundo por nuestro tribunal Andino de Justicia, pero la actitud de este juez y la manera que ha llegado al cargo y la manera que ha actuado contra su país”, afirmó Lima.
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El Tribunal de Justicia, conformado por tres magistrados, Gustavo García Brito (boliviano), Hugo Gómez Apac y Fernando Zapata, determinó aprobar la sentencia que ordena al “Estado Plurinacional de Bolivia (…) que en un plazo de 90 días, contado desde la notificación de la sentencia, adopte medidas necesarias y pertinentes que permitan el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino”.
El gobierno de Perú inició una demanda contra Bolivia en octubre de 2020 porque, según los acuerdos, el país supuestamente incumple los principios de trato nacional, no discriminación, y libre competencia en la comercialización de combustibles.
Bolivia vende diésel y gasolina a precio diferenciado a vehículos con matrícula extranjera, siendo que, según los acuerdos de los países miembros de la Comunidad Andina, la venta debe ser igual al que se comercializa en Bolivia, que es a un costo subvencionado.
En febrero de 2015, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció que el precio por litro para vehículos con placa extranjera de diésel y gasolina sea de Bs 8,88 y Bs 8,68 ($us 1,27 y $us 1,23), respectivamente.
Mientras que el precio subvencionado de esos dos combustibles es de Bs 3,72 y Bs 3,74 bolivianos (unos $us 0,53 dólares en cada caso) para los vehículos bolivianos.
Lima lamentó la actuación del juez boliviano; no obstante, cuestionó que esa autoridad judicial fue nombrada por el gobierno “de facto” de Jeanine Áñez. Además, aseguró que García Brito tiene un proceso penal abierto en el Ministerio Público de La Paz.
“Ese juez que ha fallado contra de su país sin ningún argumento, sin ningún fundamento, que está siendo procesado penalmente actualmente ante la Fiscalía de La Paz; es la clase de profesional que ha escogido Añez para representar al país”, lamentó el ministro.
Según los argumentos de Perú en la demanda interpuesta contra Bolivia, “los países miembros de la Comunidad Andina, la medida impuesta por el Gobierno boliviano estaría vulnerando el principio de libre competencia previsto en las Decisiones 398 y 837 de la Comisión”.
